Indagatoria a CFK por la denuncia de Nisman-Bonadío querría citarla antes de las elecciones.

Nacionales 08 de septiembre de 2017
El fiscal Pollicita pidió la declaración indagatoria de CFK en la causa que investiga la denuncia del fallecido Alberto Nisman por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, y el juez Claudio Bonadio pretendería citarla antes de las elecciones.
CLAUDIO BONADIO

El pedido de indagatoria a Cristina y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros ex funcionarios, forma parte de un duro dictamen entregado por Pollicita a Bonadio. Allí, también requiere la inhibición de los bienes de la ex presidenta, el retiro de su pasaporte y la prohibición para salir del país. Pero más allá de lo procesal, habría una fuerte decisión de Bonadio de avanzar rápidamente con esta causa contra Cristina y en los tribunales de la avenida Comodoro Py se especula con que la citaría antes de las elecciones.

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Sería tan fuerte la decisión de Bonadio de ir contra Cristina, que en los tribunales federales ya empezó a discutirse si la ex presidenta tiene o no tiene fueros si es que el juez decide ordenar su detención. Por ser candidata, un sector de la justicia cree que le corresponde el beneficio de los fueros y otro que no. De todos modos, nadie cree que eso suceda porque sería un escándalo que hasta podría beneficiarla en términos electorales.

Bonadio ya demostró en los últimos meses que está dispuesto a seguir avanzando contra el kirchnerismo, y lo hizo procesando en una causa y llamando a indagatoria en otra a Julio de Vido, además de procesar a Lázaro Báez, Martín Sabbatella y Javier Grosman. También mandó a detener al ex contador de Cristina, en tanto en tribunales se afirma que después de las elecciones se acelerarán muchas causas de corrupción contra el kirchnerismo, especialmente contra Cristina. "Lo que vimos hasta ahora no es nada", comentan.

Un síntoma de la disposición de los jueces a avanzar rápidamente es que se está empezando a ver un cambio sustancial en las causas de corrupción. Esto es que la mayoría de los jueces están devolviendo rápidamente los recursos que históricamente concedían y que servían para dilatar las causas por años. 

Las razones: los triunfos de Macri y Carrió en las PASO y un pedido informal pero contundente de la Corte Suprema para que se aceleren las causas. En el máximo tribunal están preocupados por encuestas que muestran que la justicia está en la consideración de la gente por debajo de los sindicatos y uno de los principales motivos de rechazo es la lentitud.

La acusación del fiscal

Además de Cristina y Timerman, el dictamen alcanza también al ex vicecanciller Eduardo Zuain; la ex Procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el ex jefe de gabinete del ministerio de Justicia, Juan Martín Mena; y el diputado nacional y referente de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque.

También a la ex directora legal de Cancillería Susana Cerutti; y los ex funcionarios de esa cartera Luciano Tanto Clement y Holger Martinsen. También a Luis D'Elía; el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche; el ex fiscal y ex juez Héctor Yrimia; el intermediario argentino con Irán, Jorge "Yussuf" Khalil; y el presunto espía Allan Ramón Bogado.

Para Pollicita, todos ellos "habrían realizado aportes para ayudar a los acusados de un delito de lesa humanidad especialmente grave (el atentado terrorista contra la AMIA) a eludir la investigación que se está llevando adelante ante el Juzgado número seis del fuero y la Unidad Fiscal AMIA".

"Los aquí imputados habrían desarrollado un plan criminal con entidad suficiente para que los ciudadanos iraníes identificados como responsables de la voladura de la AMIA pudieran sustraerse de la acción de la justicia", agregó el fiscal.

Y resaltó que ello se concretaría "mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad- y para liberarlos de toda responsabilidad penal por dichos hechos".

"El medio escogido para canalizar esa voluntad ilegítima fue la suscripción del Memorando de Entendimiento celebrado entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires, rubricado el 27 de enero del año 2013 en Etiopía".

Según el fiscal, "lejos de procurar justicia, (el Memorando) estaba destinado a obstruirla e impedirla, siendo en realidad el medio escogido por los gobiernos involucrados para materializar el plan de encubrimiento que buscó brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní".

Pollicita sostuvo que "el encuadre legal prima facie aplicable es el de grave violación a los derechos humanos por tratarse de un encubrimiento por favorecimiento personal agravado por tratarse el hecho precedente de un delito de lesa humanidad y por la calidad de funcionarios públicos". Y añadió que las conductas atribuidas a los imputados también "podrían tener encuadre típico bajo las figuras de impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Resumen de noticias

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