La Oficina Anticorrupción reorganiza personal y deja de ser querellante en causa penales

Nacionales 20 de octubre de 2020
Félix Crous

El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, resolvió que el organismo desista de su rol de querellante en los procesos penales en los que interviene, al disponer una "reorganización" de personal ante la falta de recursos en otras áreas.

"No somos un organismo parajudicial ni parapolicial. Nuestra tarea es menos vistosa, menos marketinera, pero es la que debemos hacer", dijo Crous al explicar la decisión en declaraciones a Radio 10 y El Destape, en las que indicó que, según su concepción, la OA "no debe querellar".

Tras difundirse la resolución, el titular de la OA explicó que el organismo "debería mantener sólo el desarrollo de políticas públicas y el registro de declaraciones juradas", con lo cual "sobra trabajo", y aseguró que, "cuando corresponda", la OA seguirá "presentando denuncias" ante la Justicia vinculadas a hechos de corrupción en la función pública.

"Estamos haciendo lo que anunciamos que íbamos a hacer, reperfilando la Oficina hacia una que se dedica a la transparencia y dejando el rol parajudicial", agregó en las entrevistas que brindó esta mañana.

El funcionario sostuvo que, al asumir en la OA, encontró "un déficit general de la planta de personal, producto de la conducción anterior", que estuvo a cargo de la exfuncionaria de Cambiemos Laura Alonso

"Este rol parajudicial que tiene la OA se superpone con otros organismos del Estado e implica la dilapidación de recursos que son escasos", manifestó y explicó que, ahora, lo que están haciendo es "materializar una política que es convergente con las recomendaciones que le dio a la Argentina la OCDE, que fue convocada por el Gobierno anterior".

En una resolución difundida hoy, Crous aludió a la falta de personal para afrontar los "numerosos juicios" en los que la Oficina "ha asumido el rol de querellante" y para los cuales "se han afectado a la mayoría de los abogados de la dependencia", según el texto al que tuvo acceso Télam.

En aquellos juicios que están en desarrollo, la OA seguirá como querella hasta que "culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina".

"En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva", la OA desistirá del rol de querellante "cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia", se dispuso.

En la resolución, por otra parte, se explicó que la OA "ha asumido el rol de querellante en numerosos juicios, a los cuales se han afectado la mayoría de los abogados de la dependencia" y señaló que el desempeño en estos procesos penales "resulta redundante con el del Ministerio Público Fiscal".

En las causas penales, "el interés social se encuentra garantizado con la actuación de la fiscalía", sostuvo la resolución en la que se decidió poner a disposición del Ministerio Público Fiscal de la Nación "los antecedentes obrantes en esta Oficina relativos a esos procesos".

Los abogados que actúan como querellantes en las causas por acusaciones de corrupción en la función pública pertenecen a la Dirección Nacional de Litigio Estratégico de la OA que "ha recibido un tratamiento privilegiado en desmedro de su par de Investigaciones; y más aún de la destinada a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia", remarcó Crous.

Entre los fundamentos de la decisión, se remarcó que "la Oficina debe afrontar su cometido específico en el trazado e implementación de políticas públicas en el marco y con las limitaciones presupuestarias que impone la situación general de los recursos públicos, situación que fuera oportunamente comunicada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".

En concreto, en la resolución se aludió a que, en 2020, "la dotación de la OA sufrió 42 bajas, y durante el mismo período sólo se produjeron 19 incorporaciones".

"A esas bajas se suma la situación generada por la promoción, durante la actual gestión, de cuatro agentes pertenecientes a la planta del organismo a cargos de Alta Dirección Pública de la estructura organizativa, que generaron a la vez nuevas vacantes en la planta de profesionales cuya cobertura no acompaña automáticamente a las bajas por promoción", se agregó.

En ese marco, "corresponde ordenar los recursos de la Oficina de un modo racional y económico, corrigiendo los desequilibrios que impactan en sus capacidades para el cumplimiento de su cometido principal, establecido en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y las normas que la complementan".

Crous encomendó a la Dirección Nacional de Asuntos Estratégicos para que, en consulta con las demás dependencias de la OA, "se revisen los protocolos de actuación administrativa interna del organismo" y en 30 días se eleve una propuesta para reasignar al personal en base a los "objetivos de la gestión".

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