Luego de 2 años, la Corte Suprema de Justicia decidió declarar competente al Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la Dra. MARIEL E. BORRUTO, que será la magistrada que fallará en primera instancia acerca del reclamo de los más de 6.900 fueguinos que promovieron con el patrocinio del Estudio Rauch y Asociados, una acción de clase colectiva para que se condene a algunas automotrices a devolverles las exenciones tributarias que se apropiaron y les corresponden como consumidores finales.

Se trata de las automotrices que venden sus vehículos en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego al mismo precio que en el resto del país, apropiándose de las exenciones fiscales nacionales que les corresponden a los residentes consumidores fueguinos y que estos abonan de más al adquirir sus vehículos.

Aquí la resolución inicial de la Dra. Borruto:

Así, en su Resolución, la Juez Mariel Borruto precisó que habrá de decidir como continuar el juicio desde el momento en que le fue quitado a la justicia fueguina en Septiembre de 2018, cuando el Juez Horacio David Boccardo y su equipo en el Juzgado se hallaba abocado a coordinar y posibilitar la audiencia pública preliminar.

En el régimen procesal en la provincia de Tierra del Fuego se estableció desde 1994 el procedimiento a seguir para llevar adelante las llamadas acciones de clase como este juicio.

Pero no ocurrió lo mismo en la Nación, por lo que la Corte Suprema, ante la inacción del Congreso Nacional, debió establecer un procedimiento mínimo para este tipo de litigios colectivos de incidencia social.

Si bien guarda similitudes con el fueguino, y ambos procuran asegurar el derecho de los colectivos afectados no son iguales.

Esta es la razón por la cual la Dra. Borruto deberá continuar el juicio conforme al procedimiento establecido por la Corte, similar pero con diferencias con el fueguino.
     

A siete años de que casi 7.000 ciudadanos fueguinos se presentaran ante la Justicia a reclamar por la vigencia y la restitución de las exenciones fiscales nacionales que les fueron arrebatadas por las automotrices que comercializan vehículos exclusivamente, sin competencia externa en el Área Aduanera Especial de la ley 19.640, gracias a las barreras aduaneras impuestas en su favor, el HISTÓRICO JUICIO CONTINÚA.

Los antecedentes.

Este asunto comenzó cuando la justicia fueguina se aprestaba a organizar la primera audiencia pública judicial a la que debían concurrir los grupos empresarios fabricantes y vendedores de las marcas de vehículos citados en la demanda colectiva iniciada hace más de 7 años por miles de fueguinos.

Uno de ellos, Ford Motor Company, más conocida como Ford, una empresa multinacional de origen estadounidense, especializada en la industria automotriz  y su sede central ubicada en Dearborn, Estado de Míchigan EEUU, también titular y dueña de la Fundación Ford con sede en New York, con un presupuesto de más de 237 millones de dólares en 2020 para aportar a otras ONG entre ellas el www.cels.org CELS en la Argentina, a través de su filial en Argentina, Ford Argentina S.C., se presentó ante el Juzgado Federal de Rio Grande y solicitó que se declare competente y le quite el juicio a la justicia de Tierra del Fuego. Fué el único co demandado de las empresas en solicitarlo.

Por su parte, el Juzgado Federal y el Ministerio Público Fiscal rechazaron la petición, así que Ford llevó el tema a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, quien también la rechazó conjuntamente con el Ministerio Público Fiscal de esa Cámara mediante dictámenes y fallos debidamente fundados.

Hallándose cercana la fecha de convocatoria a la audiencia pública dispuesta por el juzgado fueguino, con las demandas y contestaciones de ambas partes, Ford interpuso rápidamente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que también fue rechazado. De inmediato, se presentó directamente ante la Corte interpuniendo un recurso de queja, que fué aceptado por ésta. Además, se ordenó al juez fueguino que remita todo el juicio en original, lo que implicó la suspensión del juicio y por ende la audiencia.  

Fué así que el 26 de junio de 2018 llegó a la Corte.

El 2 de julio de ese año la Corte solicitó dictamen (opinión) al Procurador Gral de la Nación.

El 13 de noviembre de ese año, el Procurador Dr. VÍCTOR ABRAMOVlCH  dictaminó de acuerdo a lo solicitado por FORD, es decir negándole la competencia a la Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego.

Cabe señalar que el procurador dictaminante Dr. Abramovich fue Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (2001/2005), organización financiada desde su inicio a lo largo de los años, por la Fundación Ford (una de sus principales fuentes), otra entidad -como ya se dijera- sin fines de lucro financiada en EEUU por la casa matriz de Ford en la Argentina.

La Corte el 23 de agosto de 2022, es decir 3 AÑOS, DIEZ MESES Y 11 DÍAS después de que Abramovich dictaminara en contra de la Justicia de Tierra del Fuego, resolvió -como es de práctica habitual en ella en materia de competencia- compartir "los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal, al cual se remite por razones de brevedad".

Así, el 22 de agosto de 2022  se dispuso remitir al JUZGADO FEDERAL DE RIO GRANDE el juicio iniciado hace más de 7 años.

A partir de ese momento, la Dra. Mariel E. Borruto y su equipo de trabajo tomaron la decisión, frente a este histórico juicio promovido por miles de fueguinos hace tantos años, de llamar a la Primera Audiencia preliminar el próximo viernes 17 de febrero