El miércoles de esta semana el gobernador Gustavo Melella remitió al presidente de la Comisión de Legislación General, Federico Greve, en la que le requiere “proceda a retirar del estudio de la comisiones el  decreto 3312/22,  por el cual se ratifica el memorándum de entendimiento (…)  que fuera recepcionado por esa Legislatura el 5 de junio de 2023”, ya que de conformidad con la manda del inciso 1 del artículo 135 de la constitución provincial “sólo deben remitirse para la aprobación de la Legislatura aquellos convenios celebrados con entes públicos”.

En la nota transcribe el referido artículo constitucional que establece que el Gobernador en su carácter de jefe de la administración provincial “podrá celebrar tratados y convenios con la Nación y con otras provincias. También podrá celebrar convenios con municipios y entes público ajenos a la Provincia, nacionales o extranjeros, con organismos internacionales, en todos los casos con aprobación de la Legislatura y dando cuenta al Congreso de la Nación cuando así corresponda”, y señala que “de conformidad con la documentación tenida a la vista se ha incurrido en un error involuntario al remitir el decreto 3312/22, puesto que el mismo no constituye un convenio de los que la Constitución establece la manda de remitir a la Legislatura” ya que “el mentado memorándum ha sido celebrado con una empresa privada constituida en China, por lo que se trata de un ente privado”. Por ello solicita “se retire de comisión el memorándum de entendimiento y sea devuelto a este ejecutivo provincial”.

A partir de los cuestionamientos formulados por referentes políticos nacionales de la oposición a la firma del referido memorándum y las supuestas implicancias que tendría en materia de cesión de soberanía, el Gobernador, para restar trascendencia política al tema, precisa  que un “un memorándum de entendimiento es un documento concertado entre sujetos de derecho internacional, o entre órganos u organismos de ellos dependientes, que puede ser un tratado internacional o contener meras declaraciones  de intenciones, sin producir efectos jurídicos. Es así, que no constituye un tratado per se, sino que simplemente es un acercamiento entre las partes, quienes luego de evaluar distintas coyunturas, podrán, a posteriori, celebrar un acuerdo vinculante o no”.    

En el memorándum, la firma China manifiesta su interés de realizar en la Provincia una inversión de 1.250 millones de dólares para “la construcción de un proyecto con una capacidad anual de 600.000 toneladas de amoníaco sintético, 900.000 toneladas de urea y 100.000 toneladas de glifosato, más la construcción de una terminal portuaria multipropósito con recinto interno (que permita el amarre de embarcaciones de 20.000 toneladas) y una central eléctrica de 100 MW”. Pero como paso previo a concretar la

Iniciativa, las partes se comprometen “a resolver adecuadamente los problemas remanentes de la inversión original con el fin de desarrollar nuevos proyectos”. Ello en referencia a la controversia judicial existente entre la Provincia y la empresa Tierra del Fuego Energía y Química (TEQSA), cuya principal accionista es Shaanxi Chemical Industry Group, por los 30 millones de dólares que TEQSA pagó en concepto de pago anticipado de gas de regalías que la empresa debía destinar a la producción de urea en la planta que debía construir en la zona del parque industrial “Las Violetas”, tal lo establecido en el contrato firmado por la parte en septiembre de 2010, que fuera rescindido por la Provincia en 2016 “por culpa de la firma Tierra del Fuego Energía y Química S.A”.