El equipo económico se reunió durante el fin de semana para afinar el contenido de un paquete de medidas que busca presentar como respuesta al impacto de la devaluación del peso el lunes pasado, en un conjunto que abarca, se prevé, salarios, créditos y controles de precios. Como contrapeso, el Gobierno deberá determinar cuál será el efecto que tendrá sobre los precios de los servicios públicos la suba del tipo de cambio oficial, que encareció el costo de la generación de energía.

A lo largo de distintas reuniones durante el sábado, el equipo económico evaluó el escenario que se abrió para la economía después del salto cambiario oficial y la fuerte suba de la tasa de interés, a lo que se sumó la inicial disparada del dólar blue, que luego de trepar hasta $780 cerró la semana en 720 pesos.

Durante la misma, se analizaron los efectos de la devaluación y su impacto sobre los precios y se evaluaron medidas para la industria, las pymes y el campo y para estimular el consumo, afectado por la primera ronda de aumento de precios que produjo la devaluación. La columna vertebral de la respuesta del Gobierno al impacto de la devaluación será una luz verde a la opción de una suma fija salarial que complemente la negociación paritaria, que algunos gremios ya reactivaron. No es la alternativa favorita de los sindicatos.

En primer lugar, se decidió reforzar el corset de aumentos de precios en las góndolas. Economía inició reuniones con cadenas supermercadistas con las que acordó una pauta de aumento mensual de los precios de 5% mensual durante los próximos 90 días. El acuerdo fue suscripto por 31 cadenas de supermercados mayoristas y minoristas como Día, Carrefour, Coto, Chango Más, Makro, La Anónima, Cencosur, Vital, Maxiconsumo, entre otros. Incluirá, por el momento, a las marcas propias de las grandes superficies comerciales. Otra pata de la negociación continuará en los próximos días, con las empresas de consumo masivo que la semana pasada empezaron a desfilar por los despachos oficiales para renegociar Precios Justos.

A cambio, el gobierno ofreció beneficios impositivos para evitar que el incremento de costos que ya tuvieron los supermercados, a través de sus proveedores, se traslade a los precios. Economía anunció que las empresas que aumenten sus precios por encima del 5% serán sancionadas y perderán los beneficios fiscales y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU, que nuclea a las grandes cadenas, afirmó que trabajará con las listas de precios que respeten los acuerdos.

Las negociaciones se realizaron en el marco de la Unidad de Negociación de Acuerdos de Precios de la que participaron, por Economía, el administrador general de la AFIP, Carlos Castagneto, y el director de la Aduana, Guillermo Michel. Como estímulo adicional, se supo, Economía sumó un programa de créditos a tasa subsidiada para las pymes proveedoras.

Otra medida de control de daños fue el congelamiento del precio de los combustibles hasta el 31 de octubre (es decir, hasta después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, agendadas para el 22 de ese mes) por un acuerdo entre la industria y el Gobierno. Al igual que en el caso de los supermercados, Economía otorgó beneficios fiscales, que podrán ser quitados si las empresas violan el acuerdo, para lo cual activará un sistema de denuncias.

Un tercer paso fue un acuerdo con laboratorios nacionales y cooperativos de la Argentina por el que estableció un sendero de aumento limitado a un máximo del 5% mensual para los precios de los medicamentos. “Es un esfuerzo compartido que hacen laboratorios cediendo su rentabilidad y el Estado para que no se traslade al bolsillo de la gente”, dijo Economía, que agradeció “la buena disposición” de los laboratorios que participaron de la negociación, entre ellos Rommers, Elea, Bagó, Gador y ejecutivos de las cámaras sectoriales, Cilfa y Cooperala.

Otro elemento en el paquete de medidas será, según se prevé, una medida para fomentar el blanqueo de trabajadores que hoy están en la informalidad, a través de un monotributo productivo, aunque es una decisión cuya profundidad y alcance todavía no se conoce.

Además del efecto en ingresos, el Gobierno deberá en los próximos días recalcular una variable decisiva: la de las tarifas y los subsidios. El salto devaluatorio cambia la ecuación del costo de la generación y, por lo tanto, la necesidad de subsidios en caso de que el Gobierno no permita un traslado a las boletas.

De manera trimestral, la Secretaría de Energía suele determinar lo que se llama el precio estacional de energía eléctrica, aunque hay un valor vigente actualmente hasta octubre. Según pudo saber Infobae, las conversaciones -por el momento internas- en el equipo económico para determinar qué camino tomarán sobre tarifas y subsidios y, sobre todo, con qué velocidad, se iniciaron en las últimas horas. Tanto para energía eléctrica como en gas, para hacer operativo una suba de tarifas primero el Gobierno tiene como requerimiento por ley llamar a una audiencia pública.

La secretaria de Energía Flavia Royón anticipó que “va a haber una actualización” de las tarifas de electricidad, luego de que “la semana que viene” se realice un estudio de “cómo la devaluación afecta el costo de la generación”.”La semana que viene vamos a estudiar cómo la devaluación afecta el costo de la generación de energía eléctrica y va a haber una actualización”, adelantó la funcionaria.