Se trata de un empleado del Poder Judicial de casi 30 años de carrera, quien se desempeña laboralmente dentro del Ministerio Público Fiscal.

Carlos Luis Lapetina está detenido por robo de expedientes y evidencias de Campamento YPF de la ciudad de Rio Grande. El ilícito sería de larga data y nunca fue descubierto dentro del Poder Judicial, sino desde afuera y casi de manera fortuita a partir de la disolución del matrimonio de este empleado, quien fue detenido por orden del juez de instrucción en turno, Raúl Sahade.  

Lapetina cumplía desde 2018 funciones en la fiscalía, y previo a ello pasó muchos años en el juzgado de instrucción 2 como sumariante de diversas causas penales, desde la época del ex juez Héctor Daniel Ochoa. 

A lo largo de esos años Lapetina instruyó innumerables expedientes judiciales y en la denuncia planteada por su ex pareja, plantea que usualmente regresaba a su domicilio con efectos y documentación de tribunales.

Ambos residían en una vivienda de calle Echelaine en el barrio Aeropuerto, la cual ocupó hasta marzo del 2020, cuando se liquida la sociedad conyugal

Habiendo quedado la vivienda en estado de abandono, Lapetina nunca entregó la llave a su ex pareja, por lo que el IPV intimó a ocupar el domicilio bajo pena de des adjudicación. Ante ello la mujer ingresó a la vivienda el fin de semana y se encontró con un desorden generalizado. 

Así, durante las tareas de limpieza, su ex pareja se encontró con documentación judicial y distintos efectos, tras lo cual decidió llevar adelante la consulta a su abogado y a la justicia, constatándose que se trataba de expedientes originales que faltaban en el juzgado y habían sido asignados a esta persona años antes.

Por orden judicial, se procedió a allanar el domicilio, recuperándose 4 expedientes judiciales que debían estar en trámites; dos denuncias y otros por robos. 

Además del expediente original se encontraron sobres membretados de papel madera y bolsas termoselladas donde debieron estar guardados los elementos incautados en el marco de estas y otras causas.

Si bien aún debe realizarse un relevamiento judicial a fin de determinar que tipo de elementos de valor fueron sustraídos de estos empaques, se presume que se trataría de dinero en efectivo, celulares y demás objetos, ya que además fueron incautados varios chips de teléfonos. 

Tras confirmarse la acusación con el allanamiento efectuado, se ordenó la detención de Lapetina  en calidad de incomunicado debiendo responder por los delitos de; “violación de sellos y timbres de instrumento público”, “destrucción de pruebas”, “malversación de caudales públicos” y el principal que es “encubrimiento agravado”, el cual de por sí solo comprende una pena de 2 a 10 años de prisión. 

Hasta el momento solo se pudo determinar el perjuicio causado en estas 4 causas con los expedientes recuperados, pero deberá efectuarse una auditoría interna en este juzgado de instrucción 2 -que precisamente es el mismo que lleva la causa- a fin de poder precisar con cuantas causas pudo hacer lo mismo tras un paso por ese fuero de casi una década por parte de este empleado infiel.