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title: "OPERACIONES INMOBILIARIAS | Endurecen los controles para prevenir el lavado de activos"
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date_published: "2026-11-12T00:16:00-03:00"
date_modified: "2026-11-11T23:19:46-03:00"
tags:
  - "Argentina"
  - "Prevención"
  - "Río Grande"
  - "Tierra del Fuego"
  - "Tolhuin"
  - "UIF"
  - "Ushuaia"
author_name: "Redacción P24"
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category_name: "Tierra del Fuego"
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# OPERACIONES INMOBILIARIAS | Endurecen los controles para prevenir el lavado de activos

El Registro de la Propiedad Inmueble de Tierra del Fuego implementó un paquete de medidas que refuerza las exigencias documentales y los controles registrales sobre diversas transacciones inmobiliarias en la provincia. La medida, formalizada mediante la Disposición Técnico Registral 1/2026, comenzó a regir con efecto desde el 8 de noviembre y aplica por igual en las delegaciones de Ushuaia y Río Grande, respondiendo a los estándares fijados por la Unidad de Información Financiera (UIF) para prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La normativa no afecta a la totalidad de los trámites ni a cualquier compraventa particular, sino que apunta de manera específica a los documentos presentados por profesionales que actúan como Sujetos Obligados ante la UIF e intervienen en las denominadas Actividades Específicas. Entre las transacciones bajo la lupa se destacan las compraventas de inmuebles cuyo valor supere el equivalente a 700 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles al momento del acto. Asimismo, la norma alcanza a operaciones complejas que involucran estructuras jurídicas y sociedades comerciales, tales como daciones en pago, aportes de capital, fusiones o reorganizaciones societarias, así como la constitución, modificación o liquidación de fideicomisos.

Para cumplimentar la inscripción de este tipo de actos, los escribanos y profesionales intervinientes deberán consignar obligatoriamente su CUIT para verificar su empadronamiento formal ante la UIF, declarar si las partes involucradas revisten la condición de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y, en los casos en que la parte adquirente sea una persona jurídica o estructura fiduciaria, adjuntar una Declaración Jurada sobre Beneficiarios Finales. Este último requisito busca transparentar quiénes son las personas humanas que en última instancia poseen, controlan o se benefician con la propiedad, evitando el uso de sociedades pantalla. Las autoridades advirtieron que la omisión o falta de presentación de la documentación requerida generará la inmediata observación del trámite conforme al marco de la Ley Nacional N° 17.801.

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