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title: "PUERTO DE USHUAIA | Nueva ofensiva provincial ante la Corte Suprema de Justicia"
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date_published: "2026-11-21T11:38:00-03:00"
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tags:
  - "Agencia Nacional de Puertos y Navegación"
  - "ANPyN"
  - "Corte Suprema de Justicia de la Nación"
  - "Mariángeles Arroyo"
  - "Puerto de Ushuaia"
  - "Tierra del Fuego"
  - "Ushuaia"
author_name: "Redacción P24"
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category_name: "Tierra del Fuego"
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# PUERTO DE USHUAIA | Nueva ofensiva provincial ante la Corte Suprema de Justicia

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur avanza en una nueva ofensiva tanto en el plano judicial como en el administrativo para revertir la continuidad de la intervención nacional sobre el Puerto de Ushuaia. La secretaria de Coordinación Legal, **Mariángeles Arroyo**, confirmó que los equipos jurídicos de la Provincia incorporarán la **Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN)** como un "hecho nuevo" y agravante dentro de la causa que ya tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, asegurando que **"esta resolución nos da más elementos para atacar estos actos administrativos"**.

El eje central de la estrategia legal fueguina apunta a desarticular los argumentos técnicos y de infraestructura utilizados por Nación para sostener la medida. Según detalló Arroyo, el plan de obras presentado por la autoridad nacional presenta severas inconsistencias: de los nueve proyectos listados bajo el apartado de "obras en ejecución", **solamente uno está efectivamente en marcha desde septiembre**, mientras que los ocho restantes tienen plazos de inicio proyectados recién entre diciembre de 2026 y diciembre de 2028. Ante esta situación, la funcionaria fue categórica al denunciar la falsedad de los fundamentos oficiales: **"Es grave que envíen esta información, es grave que mientan de esta manera en actos administrativos, y la gravedad que implica esto, sea el fundamento de una intervención provincial"**.

Asimismo, la Secretaría de Coordinación Legal remarcó que gran parte de las tareas anunciadas por la ANPyN ya formaban parte de la planificación de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) y contaban con expedientes en trámite. En esa línea, Arroyo minimizó el impacto estructural del plan nacional al señalar que **"la mayoría de las obras son de uno o dos meses de extensión en el plazo de ejecución, por lo cual son obras menores, claramente no es una modernización del puerto de Ushuaia"**.

A los cuestionamientos por las obras se suma un fuerte reclamo laboral, financiero y de transparencia. Por un lado, la Provincia advirtió sobre el irregular desplazamiento de personal de la DPP durante la gestión interventora, situación que obliga al Estado fueguino a seguir afrontando los salarios de los empleados marginados. **"Cualquier intervención toma la administración junto con todos sus trabajadores. Nunca se desplazó de esa manera"**, cuestionó Arroyo, alertando sobre el riesgo financiero que implicaría sostener estas obligaciones salariales si la medida se prolonga en el tiempo.

Por otro lado, la administración provincial exigió rendiciones de cuentas sobre los ingresos generados por la actividad portuaria bajo el control nacional y el destino de esos fondos, denunciando que los pedidos de informes realizados hasta el momento no obtuvieron respuesta. Con estos elementos sobre la mesa y el respaldo de las actuaciones administrativas de la Dirección Provincial de Puertos, el Ejecutivo fueguino ratificó su postura de fondo frente al conflicto: **"La solución definitiva es que el puerto vuelva a la administración provincial"**.

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