INFORME ESPECIAL: Despenalización del aborto: ¿qué datos hay en la Argentina? y cual es la situación en cada provincia a casi seis años del fallo de la Corte.

Informes Especiales 24 de febrero de 2018
La discusión sobre una ley para interrumpir voluntariamente el embarazo está abierta otra vez y nadie tiene claro cómo terminará: vuelve a haber respaldos y rechazos en todas las bancadas y no se sabe bien qué quiere el Gobierno.
DESPENALIZACION DEL ABORTO

La alianza de organizaciones Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito esta exigiendo el tratamiento de un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. El texto será presentado por séptima vez en el Parlamento el próximo 6 de marzo, dos días antes del Paro Internacional de Mujeres. 

Pero la pregunta es, ¿Qué cifras existen sobre el aborto en la Argentina?

De acuerdo con el anuario del Ministerio de Salud de la Nación, en 2016 (último dato oficial disponible) murieron 245 mujeres embarazadas por distintas causas. De este total, el 17,6% (43 defunciones) fueron muertes por un “embarazo terminado en aborto” y esto ubica al aborto como la principal causa individual de la mortalidad materna en nuestro país. Si se mira la serie de datos, el porcentaje de muertes por abortos registradas (es decir, las que llegan al sistema de salud) cayó con respecto a 2015(18,5%), pero aumentó en base a 2014 (14,8%).

Las otras causas de mortalidad de mujeres embarazadas se dividen en dos grandes grupos: causas obstétricas directas, es decir complicaciones surgidas del embarazo, como una hemorragia; y causas obstétricas indirectas, que en general se dan por condiciones preexistentes de la madre, como problemas respiratorios o de circulación.

La ley argentina permite el aborto en casos de violación o de peligro para la vida y la salud de la madre, aunque la implementación del derecho garantizado en el Código Penal de la Nación (que fue ratificado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) tiene falencias que han sido denunciadas por varias organizaciones de la sociedad civil. Más allá de estos supuestos, hoy si una mujer desea abortar debe hacerlo de manera clandestina.

“Las muertes por aborto están siempre ligadas con los casos en los que se hace de manera insegura. Los abortos en hospitales, con todas las condiciones sanitarias correctas, tienen incluso menos mortalidad que un parto”, explicó Edgardo Ávalos, médico obstetra del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Argentina. Y agregó también que la situación es muy distinta entre la población con mayores ingresos, que puede acceder a servicios de mejor calidad, y la de menores recursos, que muchas veces termina haciéndolo de manera insegura.

Cuando se debate sobre aborto, muchas veces se cita el dato de que en la Argentina hay alrededor de 450 mil abortos clandestinos por año, algo que es cuestionado por sectores denominados “pro vida”, que rechazan cualquier interrupción voluntaria de un embarazo. Según describe un informe elaborado por la ONG Amnistía Internacional, la cifra de 450 mil es el resultado de un trabajo realizado en 2005 por dos demógrafas (especialistas que estudian la evolución de la población), Edith Pantelides y Silvia Mario, a pedido del Ministerio de Salud de la Nación.

Visto los datos, cual es la situación en cada provincia argentina.

(Un trabajo de Lucia Martínez) para Chequeado.

La Nación y nueve jurisdicciones dictaron protocolos que se ajustan a las instrucciones que dictó el máximo tribunal de Justicia del país, otras siete tienen protocolos que imponen requisitos que dificultan el acceso y las ocho restantes ni cuentan con normas locales.

En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló sobre la interpretación que se debe dar al artículo 86 del Código Penal de la Nación, y estableció que el aborto no es punible (es decir, no es un delito) cuando la salud o la vida de la mujer están en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación o “un atentado al pudor de una mujer idiota o demente”.

En el fallo denominado “F. A. L.”, la Corte también le encargó a las autoridades nacionales y provinciales la implementación de protocolos hospitalarios “para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”.

En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, que se ajusta a lo señalado por el máximo tribunal. Sin embargo, dos años después, organizaciones de la sociedad civil señalaron que “el documento carece de estatus de resolución ministerial (…) y no ha sido acompañado por una estrategia firme que promueva su amplia difusión y aplicación por parte de las autoridades federales”.

En esa línea, Zoe Verón, abogada y responsable del Área Jurídica de la ONG Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), explicó a Chequeado que “al no tener rango de resolución ministerial, no tiene valor jurídico y, por ende, dificulta su reclamo en términos de obligaciones del Estado”.

Más allá de lo que pasa a nivel nacional, no todas las provincias han tomado las medidas necesarias y algunas incluso han regulado la práctica con exigencias que restringen el acceso de las mujeres a los abortos no punibles.

En el fallo la Corte estableció, entre otras cosas, que:

–El permiso para el aborto procede en todos los casos de violación, sin importar la capacidad de la mujer (hasta entonces, por como estaba redactado el artículo en el Código Penal, había un debate sobre si sólo podría practicarse sobre un mujer idiota o demente);
–No se exija autorización judicial, ni denuncia policial previa en ningún caso;
–El único requisito habilitante para el aborto sea una declaración jurada;
–Se garantice la información y la confidencialidad a la usuaria;
–Se eviten procedimientos administrativos o períodos de espera que retrasen innecesariamente la atención y disminuyan la seguridad de las prácticas;
-Se eliminen los requisitos que no estén médicamente indicados;
-La objeción de conciencia sea manifestada en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de salud correspondiente (esto permite que en caso de que un médico declare objeción de conciencia se pueda preveer la presencia de otro médico para asegurar el acceso);

Sin embargo, esto no se cumple en todas las provincias. Hasta septiembre de 2017, nueve jurisdicciones adhirieron al Protocolo Nacional o cuentan con protocolos que se ajustan a sus criterios, de acuerdo con un informe realizado por un grupo de ONG entre las que se encuentran Amnistía Internacional y la Fundación Huésped. Estas provincias son Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

En tanto, otras siete jurisdicciones dictaron protocolos que incluyen requisitos extra que dificultan el acceso al aborto no punible. Son la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba (suspendido parcialmente por una orden judicial desde 2012), La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta.

Por último, las ocho jurisdicciones restantes –Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán- no cuentan siquiera con protocolos locales, incumpliendo así el mandato del fallo de la Corte Suprema.

La ausencia de un protocolo no significa que en esas provincias no se puedan realizar abortos legales, ya que es un derecho previsto en la ley argentina. Sin embargo, la falta de protocolos ajustados al fallo de la Corte hace que se presenten obstáculos para el verdadero acceso a este derecho por parte de las mujeres.

Un informe realizado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en 2015 señala que Salta tiene el protocolo que más se aleja de los estándares sentados por la Corte. Entre los principales obstáculos, el estudio indica que el protocolo salteño regula únicamente el acceso al aborto no punible en los casos en los que el embarazo sea producto de una violación y obliga a la intervención de un defensor oficial, un organismo de asistencia a las víctimas del Ministerio Público, o un asesor de menores e incapaces, según corresponda.

En el otro extremo, según el mismo informe, el protocolo de Misiones además de corresponderse en buena medida con lo indicado por la Corte Suprema “avanza en el reconocimiento del derecho de las mujeres con discapacidad a prestar su consentimiento libre e informado para acceder a la práctica

Fuente.Chequeado