SEGURIDAD: Piden mayor compromiso de la Justicia Federal en la lucha contra el narcotráfico y narcomenudeo

Nacionales 11 de marzo de 2018
El 6 y 7 de marzo se llevó a cabo la IX Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, en la ciudad de Buenos Aires, de la cual participaron las 24 jurisdicciones, incluida Tierra del Fuego.
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Durante la IX Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior, se destacó el fuerte requerimiento de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto a la “falta de compromiso y recursos de la Justicia Federal para el seguimiento y persecución del narcotráfico, especialmente del narcomenudeo”.

En el acta final de cierre, las provincias ratificaron la importancia de que “el poder judicial se comprometa en la lucha contra el narcotráfico, con su presencia y sus recursos”. Destacando que la “sociedad reclama respuestas inmediatas, todos los días”.

Ante esta demanda reiterada por todas las provincias, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el Secretario de Gestión Federal de la Seguridad, Gerardo Milman, acordaron “sentar en la mesa al Poder Judicial para la próxima reunión del Consejo y discutir estos temas”.

Por Tierra del Fuego, el secretario de Estado Ezequiel Murray firmó convenios en materia de investigación del delito de trata de personas y femicidios, así como respecto a la coordinación de acciones frente a la búsqueda de personas, a los sistemas de videovigilancia y a las reuniones en el marco del evento “G20”.

También reiteró su reclamo ante las autoridades nacionales acerca de la necesidad de que las fuerzas de seguridad provinciales puedan contar con acceso a la base de datos de los vuelos de cabotaje, especialmente para provincias como Tierra del Fuego, donde el aeropuerto cumple un rol fundamental en el ingreso al territorio. Así como indicó la importancia de federalizar recursos tecnológicos como los escáneres para el control en pasos fronterizos y aeropuertos.

Finalmente, el Secretario reclamó por mayor agilidad en los convenios entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y los respectivos ministerios de seguridad de los países limítrofes y de la región, para avanzar en el intercambio de información de antecedentes penales y en el trabajo articulado en la investigación criminal.

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