ATE: De denunciante a imputado, Carlos Córdoba irá a indagatoria.

Locales 03 de septiembre de 2018 Por
Quien había sido denunciante en la causa que investiga las estafas con las viviendas de ATE, el secretario general de ATE Carlos Córdoba, quedó como imputado y deberá comparecer a indagatoria.
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 El viernes fue allanada su vivienda junto a otros cuatro domicilios de presuntos implicados, los mismos fueron ordenados por el juez de instrucción Javier De Gamas Soler, a cargo de la causa Nº 36.414, y estuvieron a cargo de la División Delitos Complejos de la Policía Provincial, según publica en su edición de hoy, el Diario del Fin del Mundo.

Conjuntamente con el domicilio de Carlos Córdoba, la comitiva allanó la casa de una mujer que se desempeñaba como secretaria de la comisión de viviendas de ATE, en la calle Pingüino Emperador al 3900, y también la de un agente inmobiliario que habría colaborado con la maniobra de defraudación que se investiga, en la calle Las Águilas. La diligencia judicial continuó en otra vivienda de la calle Lucas Bridges al 800, y en una casa situada en la calle Costa de Barranca al 3900, donde vive Martín Arana, hijo de Miguel Arana, otro directivo de ATE sindicado como uno de los principales responsables.

Durante los allanamientos, la policía secuestró documentación, computadoras y teléfonos celulares, incluido el de Carlos Córdoba, y todos fueron notificados de derechos y garantías. En los próximos días serán citados a indagatoria y luego el juez deberá determinar si avanza con el procesamiento.

En su momento, Córdoba había señalado como responsables en su denuncia a Miguel Arana y Daniel Belbey, que integraban la comisión de vivienda del sindicato y manejaban la operatoria con el IPV. Tras la denuncia, Arana fue salvajemente golpeado el pasado 25 de mayo en la puerta de su domicilio, y Belbey apareció ahorcado en el Polideportivo Municipal el pasado 1° de junio.

La pareja de Arana, Gisela Edith Escobar, dueña de una empresa de máquinas viales y ex empleada de ATE, también aparece vinculada a la causa y no podría justificar el origen del dinero con el que adquirió la maquinaria que alquilaba a privados y organismos públicos, y que ya fue secuestrada por la Justicia.

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