Tierra del Fuego: Marcelo Guzmán recusó a la fiscal que interviene en el caso donde está procesado por violencia de género

El ex relator del Tribunal Superior de Justicia, Marcelo Guzmán, recusó a la fiscal que interviene en el caso donde está procesado por violencia de género agravada contra su ex pareja, Carla Kirstein.

Guzmán intenta así apartar de la causa a la fiscal Especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas de Ushuaia, María Paula Schapochnik, para que en su lugar intervenga otro funcionario judicial.

El principal motivo por el que el ex relator en la vocalía del juez Ernesto Löffler, apartado de su cargo a raíz de este proceso, pretende desplazar a Schapochnik, es que en marzo de este año la fiscal decidió no homologar un acuerdo de partes entre Guzmán y su ex pareja Kirstein, que hubiera impedido la realización de un juicio oral y público.

El alto funcionario judicial fue denunciado por Kirstein en agosto de 2022, cuando la mujer lo acusó de haberla golpeado ferozmente y subió a las redes sociales un video donde se la veía con el rostro y el cuerpo desfigurados por la paliza.

"Me ha hecho cosas que ni en una película aparecerían. No me gusta ventilar mi intimidad, pero lo hago porque temo por mi vida", dijo en ese momento la mujer.

El caso generó de inmediato una gran conmoción con alcance nacional. Guzmán fue separado provisoriamente del cargo (cobra un porcentaje del sueldo) mientras se sustancia la causa. A su vez, el colectivo feminista de Ushuaia llegó a movilizarse hasta la sede del Tribunal Superior para reclamar justicia.

En términos del proceso, el relator fue procesado por el exjuez de instrucción Javier De Gamas Soler en octubre del mismo año. Lo acusaron de los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) ambos en “concurso real”. También lo embargaron por la suma de un millón de pesos de aquel momento.

El fallo fue confirmado luego por la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones y las actuaciones fueron elevadas a juicio en abril de 2023.

Pero cuando todo se encaminaba hacia la etapa del juicio, prevista para 2026, Guzmán presentó un acuerdo suscrito con su expareja, para dar fin a las actuaciones.

En ese documento el funcionario judicial se comprometía a cederle a Kirstein un porcentaje del supuesto retroactivo que le pagaría el Tribunal Superior de Justicia cuando se reincorpora al cargo si la causa termina sin condena.

También se supone que la víctima afectó los términos del acuerdo, entre otros motivos, debido a un problema de salud presentado en un integrante de su entorno familiar.

De todos modos, al estar involucrado en un delito de acción pública, el fiscal Schapochnik opinó de manera fundada que el arreglo no podía prosperar.

“Adhesión explícita al feminismo”

Ante este panorama, Guzmán decidió avanzar contra la fiscal, por lo que hace algunos días presentó un escrito recusatorio en el que solicita el apartamento de Schapochnik por falta de imparcialidad.

Lo más curioso del escrito de ocho páginas firmado por el abogado Gabriel Ortega, son los fundamentos.

Según el letrado, la imparcialidad objetiva exigida a todo fiscal en el proceso penal “se ve razonablemente comprometida por la posición ideológica y profesional que la Dra. Schaposchnik ha adoptado públicamente en su carácter de operadora judicial, y que encuentra seencias documentadas en su tesis de maestría titulada "Viol que no alcanzan. Análisis de las denuncias desestimadas durante 2020 y el discurso de quienes las tramitan en el Poder Judicial de Tierra del Fuego", presentación ante la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en 2021.

Para el abogado, el hecho de que en ese trabajo académico la fiscal Schapochnik manifieste su “adhesión explícita al feminismo”, compromete su intervención objetiva en la causa.

“En causas penales con controversia probatoria sustancial como la de autos, en las que la Acusación se estructura exclusivamente en torno a la denuncia de una mujer contra un varón, su intervención como fiscal compromete objetivamente la garantía de imparcialidad y el principio constitucional de igualdad ante la ley”, asevera el escrito recusatorio, que también le achaca a la funcionaria del Ministerio Público haber incurrido “en una serie de falencias técnico-jurídicas que demuestran un sesgo ideológico ajeno al marco normativo”.

“Alianza entre derecho y patriarcado”

Para intentar fundamentar el apartamento de la fiscal del caso, el abogado de Guzmán cita párrafos de la tesis de Schapochnik ante Flacso.

Por ejemplo, reproduzca cuando escribió que "El feminismo es para nosotras la lucha revolucionaria de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia o prehistoria, que se rebela ante el patriarcado que la oprime o pretenda oprimirla".

O cuando aseguró que existe una “alianza entre derecho y patriarcado, y por el otro, la violencia institucional que se expresa en el poder sexista presente en los tribunales de justicia”.

“Este posicionamiento no se limita a un simple e inofensivo marco teórico como cualquier otro, pues la Sra. Fiscal adscribe a una posición militante que declara una voluntad de intervenir desde adentro del sistema judicial para producir cambios estructurales de orientación feminista”, cita también el escrito.

Con esta base, el abogado de Guzmán cuestiona, además, que al rechazar el acuerdo de partes la fiscal “desconoció abiertamente la voluntad expresa de la denunciante” y no tuvo en cuenta el interés de sus hijas.

Debate incierto y riesgo institucional

La recusación presentada por el abogado Ortega debe ser tratada ahora y puede ser aceptada o rechazada por los jueces.

Más allá de eso, los fundamentos del escrito plantean un debate incierto (si puede o no ser feminista la fiscal de género) en un caso ya de por sí dilatado en el tiempo y de amplia repercusión pública debido al involucramiento de un funcionario de jerarquía dentro del Poder Judicial.

Por otro lado, la situación que se agrega a raíz de este incidente procesal es de índole institucional y también interna de la propia Justicia.

La fiscal de Género fue elegida en un concurso público y designada por el mismo Tribunal Superior de Justicia al que pertenece Guzmán. Son los jueces del máximo organismo judicial quienes evalúan los antecedentes de la funcionaria, incluso el juez para el que se desempeñaba el relator. De modo que hacer lugar a una eventual recusación por los motivos que se fundamentan también pondría en jaque la pericia de los magistrados que nombraron a la fiscal de género, algo que se presenta como incongruente y difícil de sostener.