La CGT presentó un amparo judicial para frenar el decreto antihuelga

Actualidad26/05/2025
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La CGT presentó una acción de amparo colectivo en la Justicia laboral con el objetivo de frenar el decreto 340/2025 del presidente Javier Milei, que impone restricciones al derecho a huelga y amplía la lista de actividades consideradas como esenciales. La presentación se hizo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3, a cargo de la jueza Moira Fullana.

Con el antecedente de haber logrado trabar en tribunales partes del DNU 70/23, la CGT vuelve a apostar al fuero laboral. En esta oportunidad, los abogados de la central obrera sostienen que el nuevo decreto presidencial representa un ataque directo a los derechos sindicales y viola tanto la Constitución Nacional como convenios internacionales. La acción fue impulsada por referentes legales de gremios como Sanidad, Uocra y Camioneros.

El planteo incluye siete fundamentos jurídicos para declarar inválido el decreto. Uno de los puntos centrales es que el DNU regula de forma muy restrictiva el derecho a huelga, al establecer niveles mínimos de funcionamiento —del 50% al 75%— en sectores definidos como esenciales. Según la CGT, esto vuelve impracticable cualquier medida de fuerza legítima.

Otro argumento fuerte es que no se cumple con el requisito de “necesidad y urgencia” exigido para dictar decretos de este tipo, ya que el Congreso se encuentra funcionando con normalidad. Por eso, sostienen que avanzar sobre derechos laborales por vía ejecutiva es inconstitucional.

También se cuestiona que se haya modificado el artículo 24 de la Ley 25.877, ya que eso amplía el concepto de servicios esenciales de manera desproporcionada y desnaturaliza la herramienta sindical de la huelga. Además, la CGT subraya que este decreto debilita la negociación colectiva y la capacidad de presión de los trabajadores frente a los empleadores.

En su presentación, la CGT solicitó una medida cautelar para suspender de manera inmediata los artículos más polémicos del decreto mientras la Justicia resuelve el fondo de la cuestión. La acción fue presentada en nombre de todos los trabajadores del país, invocando su rol como organización sindical de tercer grado con personería gremial.

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