Neuquén: Advierten que el sistema de Riesgos del Trabajo está en peligro por la alta conflictividad judicial

El gerente General de la Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados opinó sobre la situación actual del sistema de Riesgos del Trabajo y, aunque reconoció que fue diseñado para brindar protección integral a los trabajadores, frente a accidentes y enfermedades laborales, advirtió que en la práctica se encuentra en peligro, “erosionado por un circuito judicial que se fue deformando con el paso del tiempo y distorsionando la operatividad”, afirmó Gonzalo de la Sierra.

El CEO de la ART Mutual petrolera recordó que el sistema de Riesgos del Trabajo tiene la función de garantizar cobertura médica, rehabilitación, pago de salarios y compensaciones en caso de incapacidad, lo cual, en términos generales, “la arquitectura normativa vigente permite cumplir”. No obstante, advirtió sobre la preocupación que genera “la designación y remuneración de los peritos médicos judiciales, cuya intervención es epicentro de una creciente litigiosidad”.

De la Sierra explicó que la ley 27.348 establece que los peritos deben integrar cuerpos médicos forenses seleccionados por concurso y percibir honorarios fijos por su labor. Sin embargo, denunció que el mecanismo actual del sistema de Riesgos del Trabajo “permite que cualquier profesional se inscriba en un listado, sin control de idoneidad y que su remuneración dependa del resultado económico del juicio en el que interviene”, y aclaró: “Cobra sus honorarios de acuerdo al porcentaje de incapacidad que él mismo diagnostica”.

Debido a esta situación, tanto la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) como las ART “están enfocadas en desentramar posibles fraudes que están a la vista de todos” y menciona como ejemplo reclamos de 92% de incapacidad por hernias, “con el trabajador prestando tareas de manera normal mientras se desarrolla el proceso”. El titular de la MEOPP afirmó que este sistema “genera incentivos distorsivos de una gravedad institucional considerable” y habilita una lógica en la cual mayores niveles de incapacidad asignada “genera mayores beneficios económicos para los peritos intervinientes”.

De la Sierra consideró que se trata de un conflicto de intereses cuyas consecuencias se traducen en indemnizaciones desproporcionadas e irreales, dictámenes inconsistentes y un volumen de juicios “que no se condice con la evolución real de los accidentes de trabajo”. Reveló que las estimaciones para este año señalan que los juicios por riesgos del trabajo “superarán el récord histórico de 132 mil”. Expresó además que la alta litigiosidad “compromete la sostenibilidad financiera del sistema, encarece los costos laborales, desalienta la inversión y pone en riesgo la generación de empleo formal”.

Cómo abordar la situación
Para el gerente de la MEOPP, crear más y nuevas normas no es la solución, sino “aplicar lo que ya está vigente”. Afirma que la justicia “debe conformar los cuerpos médicos forenses en un sistema abierto y transparente; garantizar que los peritos actúen con independencia técnica y que sus honorarios no estén condicionados al resultado del proceso”. De la Sierra cree que, de esta manera, se podrá “recuperar la confianza en un sistema que nació para proteger a muchos y no para enriquecer a unos pocos”.