El Gobierno tomó más de 45.000 exámenes a empleados públicos: solo el 6% fue desaprobado

Actualidad25/06/2025
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El Gobierno nacional presentó los primeros resultados de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, una prueba obligatoria para miles de trabajadores de la Administración Pública. El objetivo es medir el nivel de preparación de los empleados antes de formalizar sus vínculos laborales, como parte de un plan más amplio de reformas impulsado desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Según datos oficiales, ya se realizaron 45.889 evaluaciones y el 94% fueron aprobadas. Solo el 6% de los exámenes resultaron desaprobados. La medida, dispuesta por el Gobierno a comienzos de año, apunta a profesionalizar el empleo estatal, dejar atrás nombramientos discrecionales y reforzar criterios de mérito.

Las evaluaciones fueron tomadas en más de 100 organismos y dependencias nacionales, desde ministerios hasta empresas públicas e institutos descentralizados. Entre los ministerios que más pruebas rindieron se destacan Salud, con más de 12.000 exámenes y un 93,5% de aprobados, y Economía, con 10.504 rendidos y un 95,3% de éxito. Otras áreas con alto volumen de participación fueron Capital Humano, Defensa y la Jefatura de Gabinete.

También hubo dependencias con desempeño perfecto como la Secretaría de Cultura, la Agencia de Seguridad Nuclear y el Banco Nacional de Datos Genéticos aprobaron al 100% de sus evaluados, aunque con números más bajos de participantes.

Por otro lado, algunas instituciones mostraron resultados más bajos. El Hospital Posadas, por ejemplo, registró 324 desaprobados sobre 3900 evaluaciones. Defensa y Salud también figuran entre las áreas con más exámenes no aprobados.

El examen busca evaluar habilidades clave como redacción administrativa, comprensión normativa, capacidad de resolución de problemas y orientación al ciudadano. Cada agente tiene hasta tres oportunidades para alcanzar el puntaje mínimo.

Con estas pruebas, el Gobierno avanza en su idea de modernizar el Estado y reordenar la planta de personal. Además de las evaluaciones, se estudian otras medidas como auditorías internas, rediseño de estructuras y posibles reasignaciones de personal. La idea central es jerarquizar la función pública y garantizar que cada cargo esté cubierto por personas capacitadas.

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