







A medida que avanza la campaña electoral se tensa la relación entre el gobierno nacional y las provincias. El reparto del dinero es el principal foco del conflicto y si bien hay negociaciones abiertas no aparecen los puntos en común para alcanzar un acuerdo. En este contexto, el presidente Javier Milei estalló contra los gobernadores al enrostrarles una vez más que no realizaron el ajuste de las cuentas públicas y en consecuencia tiene problemas financieros y necesitan el auxilio de la Casa Rosada.


El enojo del Presidente es por el documento de los mandatarios tras la cumbre del CFI donde adelantaron que avanzarán en un proyecto para redistribuir el Impuesto a los Combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
“Hace un año, gran parte de los gobernadores firmaron, el Pacto de Mayo, donde acordamos reducir el gasto público, a 25 puntos del PBI, pero ninguno de ellos hizo el ajuste pertinente, en su jurisdicción, faltándole el respeto a la sociedad que dicen representar”, lanzó el jefe de Estado.
En una reunión de la Fundación Faro organizada para recaudar fondos para la campaña, Milei afirmó que “es imperante llevar el cambio, a las provincias, dado que va a acelerar el proceso de crecimiento”.
“No nos engañemos, nosotros podemos hacer cambios profundos, en la Administración Pública Nacional, pero las provincias explican una parte importante del gasto público y la presión regulatoria asfixiante, que enfrenta, el sector privado”, reiteró Milei.
Milei y su equipo económico consideran que el esfuerzo que hace Nación no llega a la base de la sociedad porque enseguida esos fondos son cooptados por provincias y municipios.
Los ataques de Milei fueron en clara respuesta al documento que en el inicio de esta semana firmaron 22 mandatarios provinciales en el que acordaron impulsar un proyecto de ley para el reparto de los ATN no distribuidos y quedarse con parte del impuesto a los combustibles.
Esa iniciativa fue rechazada por la Casa Rosada.
En el texto en el que justificaban el pedido, los gobernadores señalaban que ninguna de las dos herramientas propuestas significaba una erogación extra para el fisco dado que eran recursos ya asignados presupuestariamente.

















