Dictaron la orden de arresto contra el expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol

El escándalo político continúa en Corea del Sur desde fines del año pasado, cuando el entonces presidente Yoon Suk-yeol decretó una Ley Marcial inédita en el país. Por esa razón, posteriormente fue destituido de su cargo, y ahora pesa sobre él una orden de arresto para que explique el posible delito de "intromisión electoral".

La medida fue solicitada por el fiscal especial Min Joong-ki, quien lidera el proceso que también involucra a Kim Keon-hee, esposa del exmandatario del país asiático, por supuestos beneficios indebidos durante la campaña electoral que lo llevó al poder en 2022. La situación de Yoon es compleja, ya que además enfrentará los cargos por la Ley Marcial, que paralizó a Corea del Sur a fines del año pasado y generó un fuerte caos institucional.

Pese a ser citado dos veces por el fiscal especial para declarar, el otrora presidente se negó a presentarse, lo que motivó la solicitud de la orden judicial para forzar su comparecencia. Ahora, dos fiscales viajarán hasta el Centro de Detención de Seúl para llevar a cabo el interrogatorio oficial. En el centro del caso está una presunta entrega de encuestas de opinión de manera gratuita por parte de Myung Tae-kyun, un supuesto intermediario político que habría facilitado favores electorales a Yoon y su esposa.

 Yoon Suk-yeol afronta tres causas distintas.
A cambio, se sospecha que ambos habrían beneficiado ilegalmente a un exdiputado del Partido del Poder Popular en las elecciones parlamentarias parciales de Corea del Sur de ese mismo año. Esta maniobra podría configurar un delito de corrupción grave y violaciones a las normas electorales del país. Además, Yoon está siendo investigado por declaraciones falsas durante las internas presidenciales de 2021.

En ese entonces, minimizó la posible participación de su esposa en una manipulación del valor de acciones, un escándalo financiero que nunca fue aclarado del todo y que hoy vuelve a estar bajo la lupa. Para los fiscales, se trata de una violación directa a la ley electoral surcoreana, lo que suma peso al proceso judicial.