Si se hubiera aplicado este mes lo establecido por una de las leyes que el presidente Javier Milei decidió vetar, los jubilados y pensionados del sistema de la Anses tendrían un ingreso un 7,2% o un 16,5% más alto que el que efectivamente cobrarán. Sería un alivio para los bolsillos que, sin embargo, quedaría aún muy lejos de compensar las fuertes pérdidas de poder de compra que sufrieron los ingresos en los últimos años, sobre todo entre 2021 y principios de 2024, por efecto de la ley de movilidad anterior.
Con la suba de 1,62% -que se otorga según el sistema de movilidad vigente desde abril de 2024-, el haber mínimo de agosto se ubica en $314.305,37, en tanto que el máximo llega a $2.114.977,60, ambos montos, en bruto. Una vez descontado el aporte al PAMI, el ingreso más bajo y el más alto son, en términos netos, de $304.876 y $1.997.508, respectivamente.
En el caso de quienes tienen como ingreso previsional solo un haber mínimo, se suma el bono de $70.000 y, por tanto, el total es de $384.305 en bruto, y de $374.876 en términos netos (de bolsillo). En este último caso, el reajuste del importe total a cobrar no alcanza a ser del 1,62%, sino que se limita a un 1,31%, dado que el monto del refuerzo de $70.000 -que representa el 18% del total- no se modifica.
El importe de $384.305 es, a la vez, la garantía de ingreso básico para quienes están en el régimen contributivo, de tal forma que quienes tienen un haber superior al mínimo pero inferior a ese monto reciben, en concepto de bono, la cantidad de dinero que resulte necesaria para completarlo.
La ley respecto de la cual el Presidente firmó el decreto de veto, que será publicado el lunes en el Boletín Oficial, dispone –entre otras cuestiones- un aumento de 7,2% para todos los haberes y una suba del bono de $70.000 a $110.000. Además, establece para este plus la vigencia de los reajustes por inflación que actualmente alcanza a los haberes propiamente dichos.
Con la ley vetada, el ingreso más bajo, conformado por el haber mínimo y el bono, sería de $446.935 en bruto, o de $436.827 según la cifra neta. Es decir, se percibirían $61.951 más de bolsillo, un 16,5% más respecto de lo que en la práctica se recibirá. Actualmente y según la estadística de la Subsecretaría de Seguridad Social, cerca de 3 millones de personas que están en el sistema contributivo cobran ese ingreso (son alrededor del 50% del total).
En el caso del haber máximo, la cifra a cobrar según la ley rechazada por el Gobierno sería de $2.267.256 (bruto) y de $2.141.329 (neto), lo que implica una diferencia de $143.820,70 con el importe que efectivamente se cobrará. Sería un 7,2% más.
Y, por ejemplo, para un jubilado con un haber de $500.000 en julio, el ingreso de agosto sería, con la aplicación de la ley, de $544.683, en lugar de los $508.100 que efectivamente se recibirán. La diferencia es de $36.583 (de 7,2%).
El poder de compra de los haberes
Según la modalidad de reajustes de haberes establecida por el DNU 274 y que se aplica desde abril de 2024, entre enero y agosto de este año la suba nominal de los haberes es de 21,03%, un porcentaje que superaría al del alza promedio de precios. Ese nivel de aumento impacta en los ingresos de alrededor de la mitad de los jubilados y pensionados con prestaciones contributivas (unos 3 millones), que son quienes no reciben bonos y quienes más poder de compra perdieron en años anteriores al cambio del régimen de movilidad, sobre todo durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
Sin embargo, para quienes perciben el haber mínimo, el alza acumulada en los primeros ocho meses del año es inferior, de 16,5%, a causa del ya comentado congelamiento del bono. En este caso, el reajuste quedaría por debajo de la inflación, que para los primeros ocho meses del año se estima entre el 19%y el 20%.
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