El Gobierno oficializó un incremento promedio del 3,8% en las facturas de gas y confirmó un ajuste similar para la electricidad. Los aumentos superan el 2,5% de inflación esperada, impulsados por el impacto del encarecimiento del dólar en los costos.
El Gobierno nacional oficializó un incremento promedio del 3,8% en las facturas de gas desde noviembre, al que se sumará un ajuste similar en las tarifas eléctricas previsto para el lunes. Ambos aumentos superan la inflación proyectada para el período, estimada en torno al 2,5% por consultoras privadas.
Fuentes oficiales confirmaron que el principal factor de estos ajustes es el traslado a tarifas del encarecimiento del dólar registrado en los últimos meses, motivado por la incertidumbre electoral.
La Secretaría de Energía, dirigida por María Tettamanti, dispuso que a partir de noviembre las distribuidoras puedan contratar energía directamente con las generadoras para los grandes usuarios, eliminando la intermediación de Cammesa. Sin embargo, los usuarios residenciales continuarán bajo el esquema vigente.
Además, el Gobierno nacional estableció un nuevo aumento en el recargo que financia el subsidio para usuarios de zonas frías, elevándolo del 7% al 7,2%. El costo total de la medida, que impacta en el fluido, transporte y distribución, se reflejará en la tarifa final con un impacto total del 3,8 por ciento.
Estos ajustes se suman a las subas mensuales en combustibles y en el servicio de Aysa en el AMBA, que rondan el 1%, vinculadas a un incremento parcial de los impuestos incluidos en sus precios.
Hacia la privatización de la gestión eléctrica
Al referirse a la política sectorial, Tettamanti destacó la intención de avanzar hacia la gestión privada, señalando que "no hay mejor forma de obtener esa energía lo más barato posible que con competencia, es decir, con libre mercado y gestión privada, no gestión pública".
La funcionaria explicó que la hoja de ruta implica "volver a privatizar la gestión" de un sector que, si bien mantuvo la propiedad en manos privadas, la gestión "fue intervenida, estatizando en la práctica el sector" en los últimos años. "Nosotros queremos volver a la privatización absoluta", remarcó Tettamanti a EconoJournal, y advirtió que lo peor sería "continuar con este régimen regulado y estatista, que ha generado un sistema descapitalizado, sin contratos previsibles entre privados y sin desarrollo a largo plazo".
Tettamanti subrayó que la reforma busca que los grandes usuarios asuman la gestión de su energía, y que el objetivo es que "el sector privado sea el offtaker de la nueva producción de energía". No obstante, aclaró: "No somos dogmáticos. Si en algún momento es imprescindible garantizarle al proveedor el cobro de su producción, lo vamos a hacer".
Finalmente, la funcionaria sostuvo que la viabilidad de la reforma energética depende fundamentalmente de la estabilidad macroeconómica y de la solidez fiscal y monetaria, ya que el sector fija sus precios en dólares. "Sin una economía ordenada, ningún sector puede sostener políticas públicas duraderas, ya que la inestabilidad de precios impide preservar las reglas", concluyó.
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