El temporal de lluvias y granizo colapsó la infraestructura rural en el centro-oeste bonaerense, afectando gravemente a zonas como Bolívar y Daireaux, y complicando la siembra de soja y maíz. Se espera que el caudal de agua agrave la situación crítica de 9 de Julio y Carlos Casares.
Las intensas precipitaciones de lunes y martes, con más de 110 milímetros en pocas horas en puntos como Bolívar y Daireaux, provocaron la saturación de los campos en la provincia de Buenos Aires. Según estimaciones de Carbap, la superficie afectada por los excesos hídricos asciende a cerca de cinco millones de hectáreas.
Impacto económico y productivo extendido
La estimación de cinco millones de hectáreas afectadas o aisladas convierte el evento en un desastre económico de gran escala para la región, que es el corazón productivo de Argentina.
Pérdidas Multimillonarias: la cuenca del Salado y zonas aledañas concentran el 75% del stock vacuno bonaerense, más del 70% de los granos de la provincia y una quinta parte de la leche nacional (20%). Las pérdidas productivas y la recaudación no percibida ya se estiman en miles de millones de dólares.
Complicaciones en la Siembra: la imposibilidad de acceder a los lotes por la falta de "piso" está demorando y poniendo en riesgo la siembra de soja y maíz de la campaña actual, lo que impactará la oferta de granos y la liquidación de divisas a nivel nacional.
Afectación a la Cadena de Valor: la crisis no se limita a los productores. La falta de trabajo afecta a camioneros que no pueden transitar, a los proveedores de insumos y a toda la economía regional.
Respuesta oficial: declaración de emergencia
Ante el deterioro del panorama, tanto el gobierno provincial como el nacional han actuado, aunque con declaraciones que abarcan períodos y distritos que ya venían sufriendo los excesos hídricos:
El Gobierno Nacional, a través de resoluciones, y la Provincia de Buenos Aires, mediante decretos, declararon el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en múltiples partidos bonaerenses por inundaciones y excesos hídricos.
La medida habilita a los productores afectados a acceder a los beneficios de la Ley 26.509, que incluyen:
Prórroga o exención en el pago de impuestos (como el Inmobiliario Rural).
Diferimiento o refinanciación de créditos con bancos oficiales.
Suspensión de ejecuciones fiscales y bancarias.
Para acceder a estos alivios, los productores deben presentar un certificado de emergencia o desastre emitido por las autoridades provinciales.
El reclamo estructural: falta de obras hídricas
Las entidades rurales, como CARBAP, han sido enfáticas en señalar que este desastre es una "tragedia anunciada" que expone la inoperancia histórica en materia de infraestructura:
La crítica se centra en la paralización o lentitud del Plan Maestro del Río Salado. Se denuncia que, a pesar de los años transcurridos, el plan no se ha completado en su totalidad, dejando cuellos de botella sin dragar (como el tramo entre Roque Pérez y Ernestina) que provocan los desbordes catastróficos.
El campo subraya que el costo de no realizar las obras ha sido exponencialmente mayor que el costo de haberlas ejecutado a tiempo, con un impacto acumulado en la región que supera los $40.000 millones de dólares por pérdidas productivas y recaudación no reinvertida.
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