Un nuevo episodio de pesca ilegal vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad del control marítimo argentino. El buque extranjero Hai Xing 2, de origen chino y bandera de conveniencia de Vanuatu, fue detectado operando dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, en inmediaciones del Golfo San Jorge.
La detección se produjo a partir del monitoreo satelital y análisis de patrones de navegación. El arrastrero fue registrado desplazándose a una velocidad de entre 4,3 y 6 nudos, un comportamiento que, según los nuevos criterios vigentes, constituye un indicio concreto de actividad pesquera.
Lejos de tratarse de un tránsito inocente, la baja velocidad y las maniobras en zigzag del buque son consideradas la “huella” típica de redes en el agua. Esta evidencia surge de los sistemas tecnológicos implementados recientemente, que permiten identificar con mayor precisión incursiones ilegales sin necesidad de constatación visual directa.
El Hai Xing 2 es un pesquero de gran porte, construido en 2025, que habría llegado a la región tras cruzar medio mundo desde Asia. Aunque formalmente navega bajo bandera de Vanuatu, tanto su tripulación como su estructura empresarial están vinculadas a intereses chinos.
La incursión se dio en una de las zonas más sensibles del Mar Argentino: el Golfo San Jorge, un ecosistema clave para la reproducción de especies como la merluza y el langostino. Allí, la presión de flotas extranjeras es constante, especialmente en el límite de la milla 200.
Según estimaciones, entre 400 y 500 buques extranjeros operan en el borde de la ZEE argentina, en su mayoría de origen chino, generando pérdidas económicas que pueden alcanzar entre 600 millones y 1.000 millones de dólares anuales.
De confirmarse la infracción, el buque podría enfrentar multas superiores a los 4 millones de dólares, en el marco del régimen vigente. Sin embargo, especialistas advierten que las sanciones individuales resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.
Más allá del caso puntual, el episodio vuelve a instalar el debate sobre la soberanía en el Atlántico Sur. La pesca ilegal no solo implica un daño económico y ambiental, sino también un desafío directo al control efectivo del territorio marítimo argentino.
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