La Provincia denunció a la empresa israelí Navitas Petroleum Limited Partnership por su proyecto en Malvinas

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ha presentado una denuncia formal ante la Autoridad de Valores de Israel contra la empresa Navitas Petroleum Limited Partnership. La denuncia alega violaciones a la legislación de mercado de capitales vinculadas al proyecto hidrocarburífero "Sea Lion", ubicado al norte de las Islas Malvinas.

Según la presentación, Navitas habría proporcionado información engañosa o incompleta a sus inversores sobre los riesgos jurídicos, diplomáticos y geopolíticos que enfrenta el proyecto, desarrollado sin la autorización de Argentina en una zona con controversia de soberanía, reconocida por las Naciones Unidas.

El Gobierno fueguino sostiene que directivos de Navitas minimizaron la posición del Gobierno argentino, que había rechazado formalmente la inversión de Navitas y Rockhopper, considerando su actividad como ilegal. Se afirma que cualquier participación en operaciones hidrocarburíferas no autorizadas en el área es ilícita según el derecho argentino e internacional.

La denuncia también solicita que se investigue si Navitas omitió informar a sus inversores sobre hechos relevantes, incluyendo el rechazo oficial argentino al proyecto y las sanciones ya impuestas a la empresa. El secretario de Malvinas, Andrés Dachary, subrayó que el caso no se limita a una controversia empresarial, sino que implica una defensa de los derechos soberanos de Argentina sobre Malvinas y áreas relacionadas.

Dachary enfatizó que la actividad de Navitas contradice el proceso de descolonización de las Naciones Unidas, que reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y llama a evitar modificaciones unilaterales.

Finalmente, el Gobierno de Tierra del Fuego afirma que utilizará todos los recursos disponibles para frenar la explotación ilegal de recursos argentinos en Malvinas. Desde Israel, se espera que las autoridades regulatorias actúen de acuerdo con el derecho internacional y los principios de transparencia.