La disputa por el Impuesto Inmobiliario vuelve al centro del debate político

La discusión sobre el cobro del Impuesto Inmobiliario ha resurgido en la agenda política de Tierra del Fuego, amenazando con abrir un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno provincial y los municipios. En las últimas horas, ha comenzado a circular un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo que propone dejar sin efecto la suspensión vigente y restablecer la plena aplicación del tributo en la órbita provincial.

Esta iniciativa se presenta pocos días después de una tensa sesión legislativa, donde se aprobó, a pedido de los municipios, el mecanismo de goteo diario de coparticipación. Esta medida busca evitar las retenciones de fondos por parte de la Provincia y ha sembrado un clima de incertidumbre. En este contexto, la decisión de avanzar nuevamente sobre el Impuesto Inmobiliario es interpretada por distintos sectores como una respuesta directa del Ejecutivo provincial.

El proyecto establece que “el Impuesto Inmobiliario recupera plena vigencia y exigibilidad en todo el territorio de la Provincia” y determina que los fondos recaudados se destinen específicamente al financiamiento de la salud y educación pública. Además, faculta a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) a reglamentar su implementación y a definir planes de facilidades para los contribuyentes.

La controversia por este tributo no es nueva. Históricamente, el Impuesto Inmobiliario fue percibido por los municipios, siendo una de las principales fuentes de financiamiento de las administraciones locales. Sin embargo, durante la gestión de la exgobernadora Rosana Bertone, se impulsó una reforma del Código Fiscal que devolvió esa potestad tributaria a la Provincia.

Esa reforma generó un fuerte rechazo por parte de los intendentes, quienes denunciaron una vulneración de las autonomías municipales y llevaron el caso a la Justicia. Finalmente, tanto el Superior Tribunal de Justicia provincial como la Corte Suprema de la Nación avalaron la posición del Gobierno, reconociendo que la potestad tributaria sobre el Impuesto Inmobiliario corresponde a la Provincia.

A pesar del respaldo judicial, el conflicto no se ha resuelto políticamente. En 2016, el propio gobierno de Bertone solicitó suspender la aplicación del tributo provincial para evitar una doble imposición mientras continuaba la disputa con los municipios. Posteriormente, ya bajo la gestión de Gustavo Melella, la Legislatura prorrogó sucesivamente la continuidad del cobro municipal.

El retorno de este tema se presenta en un contexto financiero delicado. Los municipios consideran el Impuesto Inmobiliario un recurso clave para mantener servicios esenciales, mientras que la Provincia enfrenta crecientes presiones sobre sus cuentas públicas. La reciente iniciativa establece que la totalidad de los recursos recaudados se integrarán a un fondo destinado a salud y educación, en un intento de respaldar políticamente la medida.

En el plano político, la discusión promete intensificarse rápidamente. Aunque el respaldo judicial favorece a la Provincia, los municipios han dejado en claro, en ocasiones anteriores, que consideran el tema un avance sobre su autonomía financiera. La aprobación reciente del goteo diario de coparticipación ha expuesto, además, el deterioro de la relación entre el Ejecutivo provincial y varios municipios.

Con este nuevo proyecto en el horizonte, Tierra del Fuego parece rumbo a reavivar una de las disputas institucionales y fiscales más sensibles de los últimos años.