Reforma Constitucional: El Ejecutivo denuncia obstrucción de la Justicia Electoral

El ministro jefe de Gabinete de la provincia, Jorge Canals, manifestó la “profunda preocupación” del Ejecutivo ante la decisión de la jueza electoral Mariel Zanini de enviar el caso al Ministerio Público Fiscal, en lugar de emitir el cronograma para el proceso constituyente convocado para 2026.

Canals calificó la medida como “inaceptable” y afirmó que está generando “incertidumbre artificial” y “obstaculizando deliberadamente” un proceso electoral ya establecido mediante un decreto del gobernador.

Polémica: La Justicia Electoral frenó el cronograma de la reforma constitucional

Defendiendo la legalidad del proceso, el ministro recordó que hay un decreto legítimo y una sentencia firme desde octubre del año pasado que avala la convocatoria. En respuesta a la preocupación presentada por la jueza sobre un recurso de queja en la Corte Suprema, Canals argumentó que “la queja no suspende nada” en el ámbito civil y reiteró que “la sentencia es válida desde el 16 de octubre de 2025”.

Además, cuestionó la referencia de Zanini a una ley aprobada por la Legislatura que aún no ha sido promulgada. “Una ley no promulgada no es ley”, subrayó, al considerar que no puede usarse un proyecto en período de veto para interrumpir un proceso electoral.

También calificó la actitud de la jueza como parte de una “lógica obstructiva” que amenaza el funcionamiento institucional. “Actuó de oficio sin pedido de partidos políticos”, afirmó Canals, sugiriendo que su decisión utiliza al Ministerio Público Fiscal como una forma de eludir una resolución.

El jefe de Gabinete afirmó que el Ejecutivo defenderá la convocatoria y no permitirá que una jueza paralice la voluntad popular. “Estamos evaluando herramientas institucionales, políticas y judiciales para garantizar el cronograma”, indicó.

Finalmente, Canals enfatizó que “la democracia se construye con certezas y respeto a las instituciones” y acusó a la jueza Zanini de “irresponsabilidad institucional”. Concluyó advirtiendo que, si no corrige su decisión, tendrá que asumir las consecuencias políticas de atrasar el proceso constitutivo que los ciudadanos de la provincia merecen.