Doble rechazo: Melella vetó de forma total la derogación de la reforma constitucional y el «goteo» de fondos

A través de los decretos 865/26 y 866/26, el gobernador de Tierra del Fuego frenó las leyes clave aprobadas por la Legislatura el pasado 30 de abril. El Ejecutivo argumenta la defensa de la seguridad jurídica en el proceso electoral constituyente y tilda de "incompetente e inviable" el sistema automático de coparticipación.

En una jugada política de alto impacto que redefine el mapa de tensiones institucionales en Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella resolvió vetar en su totalidad dos de los proyectos de ley más sensibles y discutidos del último tiempo, los cuales habían sido sancionados por la Legislatura provincial el pasado 30 de abril.

La drástica medida del mandatario quedó formalizada este viernes 15 de mayo mediante la emisión de los decretos provinciales N° 865/26 y 866/26. Con esta firma, el Poder Ejecutivo dispuso la devolución inmediata de los expedientes al Parlamento, amparándose en los efectos previstos en el artículo 109 de la Constitución Provincial, reabriendo un escenario de fuerte confrontación legislativa.

Blindaje a la Reforma Constitucional

El primer golpe de timón llegó con el Decreto N° 865/26, el cual impone el veto total a la ley que disponía la abrogación de la Ley Provincial N° 1529 de “Reforma Parcial de la Constitución Provincial”. Dicha norma derogatoria había sido articulada y aprobada por los bloques opositores en la sesión ordinaria del 30 de abril con el claro objetivo de desactivar el proceso de reforma impulsado desde el seno del oficialismo.

Al fundamentar este rechazo, el Gobierno de la provincia esgrimió que frenar el proceso en esta instancia resulta inviable. Desde el Ejecutivo sostienen con firmeza que la reforma ya se encuentra técnicamente en marcha, contando inclusive con una convocatoria formalizada a elecciones de convencionales constituyentes.

De acuerdo con los argumentos del decreto, una ley posterior no podría detener la reforma constitucional sin golpear gravemente la seguridad jurídica y los derechos políticos ya consagrados en el proceso electoral en curso.

Según el dictamen oficial, avanzar con la suspensión legislativa implicaría una flagrante vulneración a las garantías del electorado y a la estabilidad de las reglas institucionales vigentes.

Freno al goteo automático

Casi en simultáneo, el segundo frente de conflicto quedó sellado mediante el Decreto N° 866/26. Este documento se encargó de sepultar el proyecto denominado “Creación del Sistema de Transferencia de Liquidación Automática a los Municipios”, popularmente bautizado en el arco político y económico como el sistema de “goteo automático” de coparticipación.

La propuesta parlamentaria buscaba quitarle al Poder Ejecutivo la discrecionalidad o el manejo temporal en la distribución secundaria de los recursos coparticipables, asegurando transferencias diarias y directas a las administraciones municipales de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. Sin embargo, los argumentos técnicos de la gobernación resultaron demoledores.

Para respaldar esta decisión, Melella se apoyó en los informes emitidos por el Ministerio de Economía y la Contaduría General de la Provincia, organismos que dictaminaron la “total incompetencia constitucional, financiera y operativa” del régimen propuesto.

Asimismo, se sumaron los análisis jurídicos de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría Legal y Técnica de Gobierno, coincidiendo en que la ley avanzaba de forma indebida sobre competencias exclusivas del Ejecutivo en materia de administración financiera y manejo de los recursos provinciales, con el riesgo subyacente de afectar la disponibilidad de fondos críticos para servicios públicos esenciales.

Un escenario de alta tensión

Con esta doble estocada jurídica, el gobernador ratifica el rumbo político de su gestión. Por un lado, mantiene inalterable y plenamente vigente el camino hacia la Convención Constituyente para reformar la Carta Magna local; por el otro, bloquea la reforma del flujo financiero hacia las municipalidades, un reclamo histórico de los intendentes de la provincia.

La moneda regresa ahora al aire del Parlamento fueguino. Los bloques legislativos deberán definir en las próximas sesiones si aceptan las minuciosas objeciones del gobernador o si intentarán reunir la mayoría especial de dos tercios de los votos necesarios para insistir con las leyes originales, en medio de un clima de máxima polarización institucional.