El Atlántico Sur como tablero geopolítico: las razones detrás del "extraño" acuerdo militar entre Argentina y EE.UU.

La reciente firma de la Carta de Intención para lanzar el Protecting Global Commons Program (Programa de Protección de Bienes Comunes Globales) entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota de los Estados Unidos encendió las alarmas en el sector pesquero y abrió un intenso debate geopolítico.

Aunque el discurso oficial presenta este acuerdo de cooperación por cinco años como una herramienta clave para combatir la pesca ilegal, un análisis técnico y político profundo revela una marcada desproporción entre los argumentos utilizados y la realidad del Atlántico Sur.

Subordinación estratégica: Un polemico acuerdo entre la Armada y Washington con facultades operativas clave en el Mar Argentino

La iniciativa, enmarcada en el Programa 333 del Departamento de Defensa estadounidense, prevé entrenamiento militar y la incorporación de tecnología norteamericana, comenzando con la instalación de una cámara infrarroja FLIR en un avión Beechcraft B-200 de la Aviación Naval. Sin embargo, el trasfondo de este movimiento responde más a la alineación de la gestión de Javier Milei con la administración Trump para frenar la influencia de China en la región, que a una necesidad operativa real en el Mar Argentino.

La paradoja del control: lo que ya funciona dentro de las 200 millas

El principal argumento para justificar el ingreso de tecnología y doctrina militar norteamericana es la custodia de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). No obstante, los datos demuestran que la vigilancia interna no sufre un déficit de detección. La Prefectura Naval Argentina opera con éxito el Sistema Guardacostas, una plataforma digital que integra radares, datos satelitales (AIS) y sistemas de búsqueda y rescate (SAR).

Este software es tan eficaz que permite sancionar buques infractores mediante evidencia puramente electrónica, sin necesidad de abordajes físicos en alta mar, tal como lo respaldó la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos. Casos recientes, como la detección del arrastrero portugués Coimbra o de pesqueros españoles en el límite de la ZEEA, prueban que las incursiones ilegales son identificadas de manera inmediata por el Estado argentino.

El verdadero problema está en la "Milla 201" (y no es ilegal)

El nudo del conflicto pesquero en el Atlántico Sur no ocurre adentro de las 200 millas, sino justo al límite, en la denominada milla 201. Allí, una flota de entre 400 y 500 buques extranjeros (mayoritariamente poteros asiáticos) extrae de forma masiva recursos transzonales como el calamar Illex argentinus y la merluza negra.

Como bien señaló la subprefecta Cecilia De Santis, “el problema no es esa entrada, sino los 500 o 400 buques que están durante mi cinco meses haciendo captura más allá de la ZEE. Es decir, sin ilegalidad, pero están capturando el recurso que es transzonal”.

Al operar en aguas internacionales (alta mar), la actividad de estas flotas de aguas distantes no califica técnicamente como "ilegal", dado que el Atlántico Sudoccidental (Área 41 de la FAO) es el único océano del planeta que carece de una Organización Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP). Al no haber reglas, cupos ni vedas internacionales en esa franja, los barcos extranjeros pescan de forma desregulada pero lícita ante el derecho internacional.

Las frases clave del debate: soberanía vs. geopolítica

El uso del concepto "bienes comunes globales" (Global Commons) generó un inmediato rechazo en el arco político opositor, que acusó al Gobierno de "internacionalizar" recursos que son estrictamente soberanos.

Desde el oficialismo bonaerense, el jefe de Gabinete Carlos Bianco cruzó la iniciativa en redes sociales afirmando que “el Mar Argentino no es un bien común global” sino “un espacio donde la Argentina tiene la obligación de ejercer jurisdicción propia y custodiar sus recursos”.

Por otro lado, la presión interna dentro de las Fuerzas Armadas por la falta de presupuesto adorna el escenario. Durante el acto por el Día de la Armada, el almirante Juan Carlos Romay advirtió que “la vida y la grandeza de la República Argentina dependen principalmente de su intercambio comercial”, remarcando que “sin estrategia, sin inversión y sin conciencia ciudadana, esa riqueza se pierde”. Esta demanda de reequipamiento convive de forma contradictoria con un presupuesto de Defensa para 2026 que sufre recortes en términos reales.

Las cámaras infrarrojas no reemplazan a la diplomacia

El análisis de la situación conduce a una conclusión evidente: la depredación del Atlántico Sur no se resuelve con patrullajes militares conjuntos ni con tecnología de la Cuarta Flota estadounidense. Los barcos extranjeros no entran al Mar Argentino porque no haya control; se quedan en la milla 201 porque nadie les puede prohibir estar ahí.

Para regular la milla 201, la vía es exclusivamente diplomática y multilateral. Aunque una OROP tradicional es inviable para la Argentina (ya que implicaría reconocer al Reino Unido como Estado ribereño debido a la disputa por Malvinas), existen otras herramientas internacionales vigentes:

El Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca (2022), que busca ahogar el financiamiento estatal a estas flotas subsidiadas.

El Acuerdo BBNJ (2023) de la CONVEMAR para proteger la biodiversidad en alta mar.

El Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto de la FAO, diseñado para cerrar los puertos globales a las descargas de pesca no reglamentada.

El recurso pesquero estratégico de la Patagonia se sigue perdiendo en un vacío institucional y legal.

El nuevo acuerdo con Estados Unidos funciona muy bien como un gesto de alineación política hacia Washington en su guerra fría contra Pekín, pero técnicamente aporta soluciones a un problema interno de vigilancia que la Argentina ya tiene resuelto, mientras deja intacto el verdadero drama ecológico y económico que ocurre un metro más allá de la frontera marítima.