López Silva defendió el aumento docente por decreto y ratificó la continuidad del diálogo con el SUTEF

 Tras la reciente decisión del Poder Ejecutivo provincial de otorgar un incremento salarial al sector docente mediante un decreto, el ministro de Educación, Pablo López Silva, defendió firmemente la medida y aseguró que el principal objetivo de la gestión es dar una respuesta inmediata a los trabajadores frente a la compleja situación económica actual.

La determinación de avanzar por vía de decreto se tomó luego de que las sucesivas reuniones paritarias con el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) finalizaran sin lograr un consenso. Ante este panorama, el funcionario remarcó que el Estado provincial no podía dilatar más la actualización de los haberes.

López Silva explicó que el incremento dispuesto replica las condiciones otorgadas al resto de los escalafones de la administración pública fueguina. El ministro hizo especial hincapié en el esfuerzo financiero que realiza la provincia para que el primer tramo de la recomposición (un 3,5%) se liquide en conjunto con el Sueldo Anual Complementario (SAC), impactando de forma directa en el aguinaldo.

"Lamentamos no haber alcanzado un acuerdo en el ámbito paritario, pero este aumento representa el máximo esfuerzo que el gobierno provincial puede otorgar en el actual contexto financiero", afirmó el titular de la cartera educativa.

A pesar del malestar que suele generar la aplicación de aumentos por decreto en el sector gremial, López Silva fue tajante al señalar que esta medida no significa el cierre de las negociaciones colectivas ni el fin de las discusiones salariales.

El ministro ratificó que el canal de comunicación con el SUTEF sigue plenamente activo: "Las paritarias docentes y las mesas técnicas siguen abiertas. El diálogo es algo que esta gestión siempre sostendrá, porque creemos que la construcción de soluciones pasa por escuchar y discutir".

Finalmente, el funcionario concluyó manifestando que la gestión gubernamental mantiene la responsabilidad de equilibrar las cuentas públicas sin descuidar el poder adquisitivo de los docentes, motivo por el cual no se cerrará ninguna puerta a futuras mesas de trabajo en pos de mejoras para el sector.