Alerta comercial: CAME exige frenar los embargos de ARCA ante una histórica caída de ventas

Claudia Fernández, vicepresidenta de CAME, advirtió sobre la crítica situación de los comercios minoristas debido a la falta de liquidez. Solicitaron al Gobierno nacional suspender las ejecuciones fiscales y avanzar en un plan de alivio tributario.

El sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes) atraviesa un escenario de extrema complejidad en todo el país, con un impacto profundamente marcado en la región patagónica. Claudia Fernández, vicepresidenta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de la Cámara de Comercio de Ushuaia, encendió las alarmas al confirmar que las ventas minoristas ya acumulan 20 meses consecutivos de contracción.

La referente gremial empresaria analizó el panorama actual basándose en las últimas mediciones de CAME, las cuales arrojaron una baja interanual del 1,2% en mayo y una retracción acumulada del 3,1% en los primeros cinco meses del año. Según Fernández, el consumo ha sufrido una reconfiguración drástica debido a la pérdida del poder adquisitivo: "Los hogares están concentrando sus gastos en productos de primera necesidad y los rubros vinculados a bienes no esenciales son los que más están sufriendo la caída", remarcó.

A pesar de las estrategias implementadas por los comerciantes locales para sostener los niveles de facturación —tales como liquidaciones, financiamiento, promociones especiales y un fuerte vuelco hacia el comercio electrónico—, las medidas resultan insuficientes para revertir una tendencia recesiva que ya se volvió estructural.

La asfixia financiera y el reclamo por las cuentas embargadas

Más allá de la preocupante baja en el consumo, la principal urgencia manifestada por el sector pyme radica en la presión fiscal y la pérdida de liquidez, un combo que está paralizando la actividad comercial. Fernández reveló que se encuentran trabajando intensamente en la presentación de documentos ante el Ministerio de Economía de la Nación y legisladores nacionales para frenar las acciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

"Hay muchísimas cuentas embargadas por ARCA en toda la Patagonia", alertó la dirigente, detallando las graves consecuencias operativas que esto acarrea. "No es que las empresas no quieran pagar, sino que ante la falta de liquidez priorizan salarios y gastos esenciales. Cuando una cuenta queda embargada, directamente no se puede trabajar", explicó con preocupación.

Ante esta realidad, desde CAME solicitaron de manera formal al Ejecutivo nacional una suspensión de los embargos por un plazo de entre cuatro y cinco meses, sumado a la implementación de una moratoria amplia que incluya las deudas que ya se encuentran en instancia judicial. "La única forma de normalizar la situación es generar herramientas que permitan a las pymes ponerse al día sin asfixiarlas aún más", sentenció.

El panorama regional y la apuesta a la eficiencia energética

Al evaluar la situación de las provincias vecinas, Fernández señaló que Santa Cruz vive una realidad sumamente alarmante producto de la crisis petrolera, lo que llevó a declarar la emergencia pyme y comercial en dicho territorio. "Nosotros vemos comercios cerrados permanentemente. Santa Cruz está muy complicada y Tierra del Fuego tampoco escapa a esta realidad", describió.

Por otra parte, respecto al debate económico nacional, la presidenta de la Cámara de Comercio local defendió la llegada del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al considerar que puede motorizar el empleo y atraer capitales, remarcando que es perfectamente compatible con la defensa irrestricta de la ley de promoción industrial fueguina.

Como contrapropuesta proactiva ante los altos costos fijos que golpean la rentabilidad, Fernández anunció el lanzamiento de un programa gratuito de capacitación en eficiencia energética que comenzará el 29 de julio. Esta iniciativa, coordinada junto a CAME, la Fundación Bariloche y la Unión Europea, beneficiará a 14 empresas de la provincia y busca replicar experiencias previas de otras jurisdicciones, donde se lograron reducciones de hasta un 68% en el consumo de energía. "Es una herramienta concreta para ayudar a las empresas a reducir costos y mejorar su competitividad en un contexto económico muy complejo", concluyó.