¿Alquiler nacional? La Provincia le exigirá un canon de uso a la ANPyN por el Puerto de Ushuaia

El conflicto político y judicial entre el Gobierno de Tierra del Fuego y el Estado Nacional por el control operativo del Puerto de Ushuaia sumó un nuevo e inesperado capítulo. Tras meses de disputas en los tribunales ordinarios y la elevación de la causa a la Corte Suprema de Justicia, la administración provincial decidió cambiar de estrategia y avanzar directamente sobre la propiedad física del suelo.

La abogada del Estado y asesora del Ejecutivo provincial, Dra. Mariángeles Arroyo, adelantó durante una entrevista con FM del Pueblo, que la Provincia buscará aplicar una "asfixia legal" contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), el organismo federal que mantiene intervenida la terminal marítima desde finales de enero. La nueva táctica provincial se enfoca en hacer valer la titularidad dominial de las tierras donde opera el puerto.

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"Debería pagarle un canon de uso"

"La ANPyN debería pagarle a la provincia un canon de uso por los terrenos utilizados", manifestó contundentemente Arroyo, abriendo la puerta a una inminente contraofensiva económica. La funcionaria explicó que, más allá de la discusión técnica sobre la administración del servicio portuario, los catastros e inscripciones de dominio demuestran que el suelo es propiedad indiscutible e inalienable del Estado fueguino.

Bajo esta premisa jurídica, la abogada adelantó dos vías de acción directa e inmediatas que prepara el gabinete legal de la provincia contra las autoridades de la intervención federal o cualquier organismo que ocupe el predio sin autorización:

Intimación de desalojo: Una exigencia formal e institucional para la restitución física de los terrenos del puerto a la jurisdicción de Tierra del Fuego.

Acción pecuniaria y cobro retroactivo: El reclamo formal de un resarcimiento económico o canon locativo por el tiempo en que la agencia nacional ha hecho usufructo de una propiedad ajena sin consentimiento provincial.

Una batalla por la autonomía y los recursos

La raíz del conflicto se remonta al 20 de enero de este año, cuando la ANPyN dictó la Resolución 4/2026, decretando la intervención administrativa, técnica y operativa del muelle de Ushuaia, fundamentada en supuestas fallas de infraestructura y desvío de fondos autorizados por leyes provinciales. Desde el primer día, el Gobierno provincial tildó la medida de "intervención política sin asidero técnico" y una flagrante violación a la autonomía de la isla.

Tras responder inicialmente mediante recursos de amparo y reclamos constitucionales —causa para la cual el Gobierno contrató recientemente al prestigioso constitucionalista Antonio María Hernández—, la permanencia de los funcionarios federales en las oficinas locales obligó a la Provincia a buscar mecanismos alternativos. Al plantar bandera sobre los papeles de propiedad de la tierra, el Ejecutivo fueguino busca restarle legitimidad y margen de maniobra financiera a la ocupación nacional.