Río Grande: Recusan a la jueza que investiga la brutal golpiza en la Unidad de Detención

La investigación penal por la agresión sufrida por tres internos en el pabellón B de la Unidad de Detención Nº 1 de esta ciudad sumó un nuevo y complejo capítulo en los tribunales. La defensa de dos de los reclusos imputados formalizó un pedido de recusación contra la jueza de la causa, la Dra. Cecilia Cataldo, argumentando que se vulneraron garantías constitucionales clave durante el proceso.

El caso, que se originó tras los graves incidentes ocurridos el pasado 9 de mayo, ya venía sumando fricciones procesales. Pocos días antes, el defensor oficial, Marcelo Scola —representante de los siete agentes penitenciarios imputados por presunta connivencia con los agresores—, había solicitado el apartamiento del Fiscal Mayor, Martín Bramati.

El detonante: una audiencia reservada

La nueva controversia en torno a la jueza Cataldo se desató durante las jornadas destinadas a recibir los testimonios de las tres víctimas del ataque. Previo a la audiencia formal, la magistrada y un gabinete interdisciplinario del Poder Judicial mantuvieron un encuentro privado con los damnificados. Tras evaluar la situación, los profesionales recomendaron suspender las declaraciones debido al estado de temor de las víctimas y al riesgo inminente de revictimización.

A pesar de que la causa penal se encuentra bajo estricto secreto de sumario, el abogado penalista Francisco Ibarra, defensor de los internos de apellido Perpetto (señalados entre los diez reclusos imputados), cuestionó con dureza el procedimiento. El letrado sostuvo que, al no permitírsele participar ni controlar ese encuentro reservado, se terminó afectando de manera directa el derecho de defensa en juicio y el debido control de la prueba.

Aunque desde el juzgado se aclaró que en dicha reunión no se produjo material probatorio formal ni se tomaron declaraciones testimoniales a los lesionados, el argumento no bastó para la defensa, que optó por exigir el apartamiento de la magistrada.

Días clave para el futuro de la causa

Con este panorama, la Dra. Cecilia Cataldo enfrenta una doble encrucijada institucional para la próxima semana: primero, dictaminar sobre el planteo contra el fiscal Bramati (quien aún debe contestar las acusaciones del defensor oficial); y segundo, resolver su propia recusación formulada por el abogado Ibarra.

La causa por las agresiones en el ámbito penitenciario local avanza a paso firme, pero empantanada en una batalla de estrategias legales que promete dilatar las definiciones principales sobre las responsabilidades tanto de los presos implicados como de los efectivos del Servicio Penitenciario.