¿Empresa privada o fondos públicos? El proyecto que busca terminar con el secretismo en Terra Ignis

El delicado equilibrio entre la agilidad comercial de las empresas estatales y el deber de transparencia ha entrado en una fase de franca colisión en Tierra del Fuego. El Tribunal de Cuentas de la provincia ha tomado una medida enérgica: presentar un proyecto de ley ante la Legislatura para modificar la normativa de Terra Ignis Energía S.A. (Ley Provincial N.º 1.423). El objetivo es claro y contundente: derribar los argumentos de "confidencialidad" con los que la conducción de la petrolera estatal ha venido retaceando documentación clave durante el último año.

Esta iniciativa no surge de un debate teórico, sino de un choque directo en la práctica auditora de 2026. A continuación, analizamos los tres conceptos principales que estructuran este conflicto político y jurídico de alta intensidad.

El choque de marcos legales: ¿Derecho Privado o Control Público?

El núcleo del problema radica en el diseño original de Terra Ignis, creada en 2022. Para permitirle competir en el mercado energético (hidrocarburos, gas y renovables), el artículo 11 de su ley de creación la excluyó expresamente de la Ley Provincial 495 de Administración Financiera y de los principios del derecho administrativo.

La empresa, presidida por Maximiliano D'Alessio, se ha amparado en este estatus de sociedad anónima para aplicar lógicas del sector privado frente a los auditores. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas sostiene un principio constitucional jerárquico: el origen de los fondos sigue siendo público. Por lo tanto, ninguna excepción de derecho privado puede pasar por encima de las facultades de fiscalización que la Constitución Provincial le otorga al Tribunal, a la Legislatura y a la Fiscalía de Estado.

La "confidencialidad" como barrera de acceso

Durante 2026, el Tribunal de Cuentas emitió tres requerimientos formales solicitando balances contables, contratos de inversión, acuerdos operativos y datos laborales de la empresa. La respuesta de Terra Ignis abrió las alarmas institucionales:

• Respuestas sin respaldo: Se enviaron notas firmadas por la presidencia, pero sin la documentación física o digital que acreditara los dichos.

• El argumento del secreto: La empresa alegó que parte de la información era "confidencial" frente a terceros y que revelarla dañaría su posición comercial.

• La contrapropuesta de la "mesa de trabajo": En lugar de enviar los archivos, la firma estatal invitó a los auditores a revisar los papeles en la propia sede de la empresa.

La Secretaría Legal del Tribunal fue tajante al respecto: la confidencialidad es un deber de la empresa hacia afuera, no hacia los órganos de control. El Tribunal puede aceptar "resguardos específicos" para cuidar datos sensibles, pero la empresa no tiene la facultad de condicionar cómo, cuándo ni dónde se la controla.

El riesgo de la "obstaculización" y la extensión a la Legislatura

El dictamen jurídico del Tribunal advierte que la conducta de Terra Ignis bordea la obstaculización de las tareas de fiscalización. El proyecto de ley presentado busca cortar de raíz esta interpretación agregando un párrafo al artículo 10 de la Ley 1.423.

Un dato no menor es que el Tribunal no busca este poder solo para sí mismo; lo hace extensivo al Poder Legislativo. El texto deja explícito que Terra Ignis tampoco podrá negarse a entregar información cuando sea requerida por los diputados provinciales.

El fondo de la cuestión: Lo que la Legislatura fueguina deberá definir en los próximos meses no es solo el futuro de una rendición de cuentas de la petrolera estatal. El debate de fondo es si el Estado puede crear herramientas de mercado eficientes sin que ello signifique crear "islas" de opacidad financiera inaccesibles para los ojos de la democracia.