Puerto de Ushuaia: denuncian un sobreprecio del 1400% en el contrato de limpieza bajo la intervención federal

Los trabajadores portuarios de la capital de Tierra del Fuego han lanzado una grave denuncia pública que sacude la administración de la terminal marítima más austral del país. A través de un duro comunicado emitido esta semana, el personal expuso lo que consideran un incremento desmesurado y sin justificación en la nueva contratación del servicio de limpieza y mantenimiento edilicio del puerto.

La medida, impulsada bajo la órbita de la intervención federal que rige sobre la terminal desde enero de este año, reemplaza el antiguo esquema local de costos por una cifra millonaria que, según denuncian, representa un "vaciamiento de las arcas provinciales". 

Las cifras del conflicto: de 6 millones a 94 millones mensuales

El foco principal de la denuncia radica en el abismal contraste económico entre el contrato que mantenía la Dirección Provincial de Puertos (DPP) antes de ser desplazada y la nueva licitación estructurada por las autoridades nacionales.

Los números presentados por los propios operarios detallan una diferencia de costos sin precedentes para el mismo servicio:

De sostenerse esta proyección a un plazo anual equivalente al contrato anterior, el costo final de la limpieza portuaria superaría los $1.126 millones de pesos más impuestos, frente a los casi 80 millones que costaba originalmente.

El origen de la tensión institucional

La controversia tiene de fondo un tenso escenario geopolítico y económico que comenzó a principios de año. El 22 de enero de 2026, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso la intervención administrativa de la infraestructura del puerto mediante la Resolución 4/2026, desplazando a la gestión provincial fueguina.

Aunque los argumentos oficiales de Nación para la intervención hablaban de "ordenar el puerto", "subsanar irregularidades financieras" y "ejecutar obras urgentes", la realidad operativa de los últimos meses ha generado un fuerte descontento local.

• Promesas incumplidas: Los gremios y operarios señalan que las grandes obras de infraestructura anunciadas no han comenzado y que la gestión nacionalizada prioriza el manejo discrecional de una caja portuaria estimada en miles de millones de pesos anuales.

• Desvío de fondos: Denuncian que los recursos generados de forma genuina por la actividad portuaria de Tierra del Fuego están siendo derivados a cuentas centralizadas en Buenos Aires.

• Incertidumbre laboral: Cerca de 140 familias de trabajadores permanecen en un limbo laboral, apartados temporalmente de sus puestos habituales, mientras observan cómo se multiplican los costos operativos para contrataciones externas de mantenimiento.

Ante la gravedad de los hechos expuestos, los trabajadores portuarios exigieron la "inmediata intervención de los organismos de control" nacionales y provinciales para frenar lo que catalogan como un escándalo administrativo y financiero.

"Dijeron que venían a ordenar el puerto, corregir irregularidades y 'hacer las cosas bien'. Sin embargo, las decisiones demuestran otra realidad: vinieron por la caja del puerto", reza el tramo más severo del comunicado de los trabajadores, quienes apelan al patrimonio de Tierra del Fuego en defensa de los recursos soberanos de la provincia.