Malvinas: diputados opositores exigen explicaciones al Gobierno por la explotación petrolera británica

La Cámara de Diputados se convirtió esta semana en escenario de un fuerte reclamo hacia el Poder Ejecutivo por su postura frente a los recursos naturales en el Atlántico Sur. Un grupo de legisladores del PJ Federal presentó un proyecto de resolución para exigir que la Cancillería informe detalladamente qué medidas ha adoptado —y cuáles planea implementar— ante el inicio de la fase de explotación comercial de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

La iniciativa, impulsada por los diputados Guillermo Michel, Kelly Olmos y Moira Lanesan Sancho, busca romper lo que califican como un "ruidoso silencio" del gobierno de Javier Milei frente al avance del proyecto Sea Lion, una iniciativa de gran escala encabezada por la firma británica Rockhopper Exploration y la empresa israelí Navitas Petroleum.

Un conflicto en escalada: del papel a la extracción

El proyecto Sea Lion, ubicado a 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino, ha dejado atrás su etapa exploratoria para consolidarse como un plan de producción a largo plazo. Según los plazos difundidos, se estima que la extracción comercial de crudo comenzará en 2028, con una proyección de alcanzar los 55.000 barriles diarios.

Para los legisladores opositores, este avance no es solo un hecho económico, sino una "violación ilegítima a la soberanía" sobre un territorio que cuenta con reconocimiento internacional de disputa.

"El reclamo de soberanía debe ser firme y coherente. Mientras el Presidente reafirma el reclamo en los papeles, la estrategia diplomática actual resulta repudiable", señaló la diputada Agustina Propato, quien también se sumó a las críticas contra la gestión del Palacio San Martín.

Los puntos clave del pedido de informe

El proyecto de resolución presentado en el Congreso solicita que el Ejecutivo responda sobre los siguientes ejes:

• Acciones diplomáticas: Si se han realizado reclamos formales ante el Reino Unido y el Estado de Israel, considerando la participación de la empresa Navitas Petroleum.

• Estrategia legal: Detalles sobre si se aplicarán las normativas argentinas que sancionan la exploración no autorizada en la plataforma continental (como la Resolución 240/2022, que inhabilita a la firma israelí por 20 años).

• Protocolos de seguridad: El cumplimiento de las notificaciones de tránsitos navales exigidas por el Acuerdo Madrid II de 1990, diseñado para evitar incidentes militares en la zona.

El trasfondo geopolítico

La cuestión Malvinas atraviesa una tensión adicional por la composición empresarial del proyecto. Aunque la representación diplomática israelí ha aclarado que Navitas es una compañía privada y que el Estado de Israel no interviene en sus operaciones, sectores de la oposición advierten que la "afinidad geopolítica" del gobierno de Milei con Tel Aviv podría estar condicionando una respuesta más enérgica.

Por su parte, desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el secretario de Malvinas, Andrés Dachary, calificó la medida como "unilateral, ilegal y provocadora", instando al Gobierno Nacional a elevar el tono de la protesta en los foros internacionales para frenar lo que muchos analistas locales ya denominan como el intento británico de convertir a las islas en la "nueva Dubái" del Atlántico Sur.