Tolhuin: la Defensoría Pública Federal evalúa una acción judicial colectiva por los cortes masivos de gas

Alrededor de 150 familias de Tolhuin permanecen sin suministro de gas natural desde el inicio del invierno, una situación crítica que afecta a sectores de alta vulnerabilidad en medio de las extremas temperaturas de la provincia. Ante este panorama, la Defensoría Pública Federal comenzó a intervenir de oficio para recabar información, requerir explicaciones a los organismos responsables y analizar la presentación de un amparo colectivo.

La actuación del organismo nacional se puso en marcha tras un encuentro entre las autoridades locales y el responsable interino de la Defensoría Pública Federal, Agustín Ciolfi —actualmente a cargo por la licencia del titular José Bongiovanni—, junto al intendente Daniel Harrington e integrantes del gabinete municipal.

En los relevamientos realizados sobre el terreno en conjunto con el área de Desarrollo Social de Tolhuin, la Defensoría detectó casos de extrema gravedad. "Encontramos familias donde había menores con problemas respiratorios por falta de calefacción, personas que atraviesan tratamientos oncológicos y adultos mayores sin gas", detalló Ciolfi, remarcando que entre los afectados hay personas con discapacidad y familias de escasos recursos.

Falta de información y fallas en la atención

Más allá del impacto económico del costo de las tarifas, el funcionario advirtió sobre serias irregularidades en la comunicación y asistencia a los usuarios. Entre los principales reclamos se destacan:

• Falta de información clara: Canales de atención presencial sumamente reducidos.

• Notificaciones deficientes: Avisos de corte enviados casi exclusivamente por correo electrónico, un medio inaccesible para gran parte de los vecinos afectados.

• Vulneración de principios judiciales: Ciolfi recordó el principio de asequibilidad fijado por la Corte Suprema en el fallo CEPIS (2016), el cual establece que los servicios esenciales deben guardar relación con la capacidad de pago de los usuarios para garantizar condiciones de vida dignas.

Oficios a Camuzzi y ENARGAS

Frente a esta coyuntura, la Defensoría emitió formalmente requerimientos de información dirigidos tanto a la empresa distribuidora, Camuzzi Gas del Sur, como al órgano de control, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). El objetivo es transparentar los criterios de interrupción del servicio, los métodos de notificación utilizados, los planes de pago ofrecidos y las medidas paliativas adoptadas.

En cuanto a los pasos a seguir, el defensor precisó que se están evaluando alternativas judiciales y extrajudiciales. Si bien la intención prioritaria es gestionar reuniones de urgencia con las partes para restablecer el suministro, no se descarta la vía judicial.

"Estamos analizando la viabilidad de una acción de amparo con una medida cautelar que permita restablecer el servicio mientras se resuelve la cuestión de fondo", explicó Ciolfi, aclarando que previamente deben consolidar el expediente con pruebas sólidas sobre cada grupo familiar para cumplir con los requisitos procesales.

Asimismo, el funcionario advirtió que la eventual demanda judicial podría salpicar directamente al ente regulador en caso de constatar fallas en sus deberes de fiscalización. "Si corresponde avanzar judicialmente, esa acción podría comprender no solo a la empresa prestataria sino también al ente encargado de controlar que este tipo de situaciones no se produzcan", concluyó.