La Justicia Federal de Río Grande asumió la competencia en la demanda contra el proyecto petrolero en Malvinas
Tierra del Fuego10/09/2026
Redacción P24
La Justicia Federal de Río Grande dio un paso decisivo en materia de soberanía ambiental e hidrocarburífera al declararse competente para tramitar la demanda ambiental colectiva presentada contra las petroleras extranjeras involucradas en el proyecto Sea Lion (León Marino), ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas.
La resolución judicial, firmada por la jueza federal Mariel Borruto, hizo lugar al planteo para que el tribunal riograndense asuma el caso que busca frenar las exploraciones y perforaciones hidrocarburíferas ilegales que realizan firmas multinacionales en la plataforma continental argentina.
Los argumentos de la decisión judicial
Para asumir la competencia del expediente, la magistrada fundamentó su decisión en diversos ejes jurídicos y territoriales:
- Jurisdicción marítima y almirantazgo: Las obras proyectadas —que incluyen pozos submarinos, plataformas flotantes de producción (FPSO) y tuberías— se emplazan sobre el lecho y subsuelo de la plataforma continental sometida a la jurisdicción de la República Argentina.
- Impacto ambiental interjurisdiccional: La resolución judicial advierte que la eventual degradación ambiental derivada de estas operaciones impactaría directamente en las ecorregiones del Mar Argentino y el Atlántico Sur, afectando recursos naturales que trascienden los límites de una sola jurisdicción.
- Afectación de un bien colectivo: El fallo encuadra la presentación dentro de los derechos de incidencia colectiva, al tratarse de un bien ambiental de "titularidad indiferenciada y afectación común", indivisible en el reclamo.
- Participación provincial: El juzgado dispuso dar participación a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a través de su Fiscalía de Estado, recordando el dominio originario que ejercen las provincias sobre sus recursos naturales y la pertenencia del espacio insular y marítimo a la jurisdicción fueguina.
Los impulsores de la demanda y el reclamo
La acción legal fue promovida de manera conjunta por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
La pretensión central de los demandantes apunta a frenar todo tipo de obra, perforación o instalación vinculada a Sea Lion —impulsado por operadoras como Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum— hasta tanto se cumpla con la normativa ambiental nacional y los estudios de impacto correspondientes tramitados ante la autoridad ambiental argentina competente.
Estado procesal y resolución de cautelares
Si bien la declaración de competencia representa un hito procesal para los demandantes, la jueza Borruto decidió diferir el tratamiento de la medida cautelar solicitada para frenar preventivamente los trabajos.
La magistrada supeditó esa decisión al cumplimiento de trámites formales previos, como la verificación de otros expedientes similares mediante la consulta al Registro Público de Procesos Colectivos, la radicación de declaraciones juradas por parte de los actores y la traducción legal de la documentación internacional aportada a la causa.
Te puede interesar
Lo más visto
