Martín Perez respaldó la resolución judicial sobre el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

Ell intendente de Río Grande, Martín Perez, valoró públicamente la resolución de la Justicia Federal que declaró su competencia para intervenir en la demanda contra el desarrollo hidrocarburífero ilegítimo en las islas Malvinas. El jefe municipal apeló a sostener una política de Estado que trascienda la coyuntura electoral y priorice los intereses de Tierra del Fuego y del país.

El pronunciamiento del mandatario riograndense se concretó tras conocerse la resolución adoptada por la jueza federal Mariel Borruto, quien declaró competente al Juzgado Federal de Río Grande para tramitar la causa impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y la Asociación Civil de Abogados y Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). La acción judicial busca frenar las operaciones hidrocarburíferas proyectadas por las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP) en el yacimiento Sea Lion, al norte del archipiélago.

​A través de sus redes sociales, Perez expresó su firme apoyo a la decisión de los tribunales argentinos, al considerar que ratifica la jurisdicción nacional sobre el territorio usurpado y el resguardo de sus bienes naturales: “Este es un paso concreto y serio para afirmar la soberanía Argentina y defender nuestros recursos de la explotación ilegal de los ocupantes”, afirmó.

​Asimismo, el jefe municipal enfatizó la necesidad de abordar el reclamo soberano de manera sostenida y responsable, marcando una postura sobre cómo debe encararse el proceso político e institucional en relación a la causa Malvinas: “Paso a paso, sin shows, pensando en el país, pensando en Tierra del Fuego y no sólo en la elección más cercana”, sentenció, concluyendo que “este es el camino”.

​El fallo judicial no determina por el momento la paralización de las actividades petroleras en el área, sino que habilita el inicio del proceso legal en la jurisdicción fueguina, donde el tribunal deberá pronunciarse en lo sucesivo sobre las medidas cautelares solicitadas por los querellantes.