​El Superior Tribunal de Justicia desestimó una cautelar y complica el proceso reformista

El proceso de reforma de la Constitución de Tierra del Fuego suma nuevos capítulos de alta tensión institucional, marcando un escenario donde la modificación de la Carta Magna provincial se aleja cada vez más del horizonte político.

La pulseada, que enfrenta al Poder Ejecutivo liderado por el gobernador Gustavo Melella con sectores opositores y la propia Legislatura, acumula cruces judiciales, reveses legislativos y disputas de fondo sobre los tiempos y la legalidad de la convocatoria.

​Todo se enmarca en un extenso recorrido judicial que comenzó cuando la oposición cuestionó la validez de la Ley 1529 —la norma que habilitó el proceso reformista— y el posterior decreto de convocatoria a convencionales constituyentes. Mientras que en instancias previas el Superior Tribunal de Justicia (STJ) había adoptado resoluciones cruzadas respecto a las cautelares y planteos de caducidad, el panorama político se modificó drásticamente cuando la Legislatura provincial decidió insistir con la derogación de la ley original, rechazando incluso el veto interpuesto por el mandatario provincial.

​Para la mayoría parlamentaria que impulsó la anulación, avanzar con una Convención Reformadora en el actual contexto económico y social implicaba desviar recursos y atención de las urgencias ciudadanas, tales como la salud, la educación y los salarios. Por su parte, desde el oficialismo provincial se defendió la necesidad imperiosa de modernizar la Constitución para adecuarla a los tiempos actuales, lamentando lo que califican como trabas de carácter político más que jurídico.

​Con el marco legal que sustentaba el proyecto prácticamente desdibujado en el plano legislativo y las disputas judiciales aún latentes en distintas instancias, la tan ansiada reforma constitucional promulgada por el Ejecutivo parece quedar, por el momento, archivada y cada vez más lejos de concretarse.