Tras la nulidad de su exoneración Horacio Catena demandó a la Provincia por $659 millones de pesos

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Horacio Catena, interpuso una demanda contra el Estado provincial por la suma de 659.500.000 pesos en concepto de daños y perjuicios, a raíz de su exoneración de la administración pública.

La sanción administrativa inicial, decretada a fines de 2015 bajo la gestión de la entonces gobernadora Fabiana Ríos, fue posteriormente anulada por la Justicia al comprobarse que el sumario correspondiente había vulnerado el derecho de defensa y las garantías del debido proceso.

El reclamo económico presentado por el dirigente sindical, que cuenta con el patrocinio del abogado Néstor Ignacio Sánchez Otharán, se divide en cinco rubros indemnizatorios principales: 339,5 millones de pesos correspondientes a los ingresos que afirma haber dejado de percibir durante el lapso que duró su separación de los cargos docentes; 100 millones por perjuicios previsionales; 50 millones por la pérdida de oportunidades de ascenso profesional; 150 millones por daño moral; y otros 20 millones por la afectación directa a su proyecto de vida. Desde el ámbito judicial se aclaró que estas cifras forman parte de la pretensión particular del demandante y que la procedencia y el monto definitivo de cada concepto deberán dilucidarse en el transcurso del proceso bajo el expediente 12172.

La controversia tiene su origen en los incidentes registrados el 23 de mayo de 2013 durante la toma de la Casa de Gobierno provincial. Por dichos sucesos, Catena recibió una condena penal firme de dos años de prisión en suspenso —dictada a fines de 2015 y ratificada en 2018 por el Superior Tribunal de Justicia— por los delitos de lesiones leves calificadas y atentado contra la autoridad doblemente calificado. No obstante, en la vía administrativa, la anulación de la exoneración quedó firme en el transcurso de los últimos años tras los fallos del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo y su posterior confirmación por la Cámara de Apelaciones y el Superior Tribunal de Justicia, lo que motivó que en marzo de 2025 el Gobierno provincial dispusiera su reincorporación transitoria a la docencia mediante el decreto 829/2025.

A pesar de la restitución en sus funciones y de la vigencia de la condena penal, la nueva demanda busca que la Provincia responda económicamente por los perjuicios derivados de una medida que el sector sindical califica como discriminatoria y antisindical, quedando ahora en manos del Poder Judicial determinar las responsabilidades patrimoniales del Estado provincial.