Ratificaron la exclusión de supervisores y otros docentes del pago de la Ayuda por Material Didáctico

Mediante el Decreto 1722/26, firmado el pasado 5 de octubre por el gobernador Gustavo Melella, el Ejecutivo provincial rechazó de manera formal el reclamo administrativo presentado por integrantes de las supervisiones de nivel secundario y de la Supervisión Escolar de Zona Norte. La decisión confirma los lineamientos restrictivos establecidos previamente por el Decreto 786/26 en mayo de este año.

El conflicto se originó cuando los trabajadores cuestionaron que el nuevo régimen dejara sin efecto el beneficio para las supervisiones y su personal dependiente, a pesar de haber sido incorporados a través de sucesivas disposiciones provinciales a lo largo de más de una década —como los decretos 1520/09, 2571/10, 787/11, 803/12 y 739/20—, lo que les permitía percibir esta asignación anual, especial, no remunerativa y no bonificable creada originalmente en 2006 para compensar los gastos en materiales didácticos.

Frente a la apelación de los supervisores, quienes invocaron principios constitucionales de igualdad, razonabilidad y progresividad para sostener sus derechos adquiridos, el Gobierno ratificó que la asignación posee una finalidad estrictamente compensatoria vinculada con el ejercicio efectivo de la función docente dentro de los establecimientos educativos públicos. En este sentido, la administración provincial argumentó que la determinación de los beneficiarios puede modificarse de acuerdo con las disponibilidades financieras de la Provincia y que las ampliaciones presupuestarias previas no generan derechos permanentes.

Con esta medida, respaldada por informes jurídicos del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Coordinación Legal, se deja formalmente agotada la vía administrativa. De este modo, los sectores afectados —que además de los supervisores incluyen a juntas de clasificación y disciplina, áreas técnicas y administrativas, y docentes en comisión de servicios o paritarios— quedan habilitados para iniciar una acción judicial en el plazo de 90 días posteriores a su notificación, mientras continúa vigente el pago del adicional de refuerzo para la totalidad del personal docente.