RETIRO VOLUNTARIO| Nuevo plan estatal para eliminar vacantes y reducir el gasto público

​El Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen de retiro voluntario dirigido a los trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada, formalizado a través del Decreto 1203/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida forma parte del programa de reducción del gasto público y reestructuración del Estado impulsado por el Poder Ejecutivo, bajo la tutela de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

​El esquema está destinado al personal de planta permanente y a los trabajadores vinculados mediante contratos por tiempo indeterminado dentro de la administración centralizada. De acuerdo con lo establecido en la normativa, los empleados interesados podrán inscribirse de manera formal entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026, contando con la posibilidad de una única prórroga del plazo por hasta 30 días adicionales si la autoridad de aplicación así lo dispone.

​Una de las premisas centrales del decreto radica en que cada solicitud aprobada implicará la eliminación automática del cargo presupuestario correspondiente. Las bajas generadas por este esquema no podrán utilizarse para justificar nuevas contrataciones, garantizando que los puestos liberados no vuelvan a ser cubiertos. Asimismo, la normativa impone una cláusula de inhabilitación: quienes se adhieran al régimen no podrán reincorporarse ni prestar servicios en el Estado nacional durante un período de ocho años.

​Las indemnizaciones y gratificaciones económicas variarán según la antigüedad, la edad y los años de aportes de cada agente, estructurándose en diferentes grupos de cobro que pueden alcanzar hasta un máximo de 25 sueldos. Para aquellos montos que superen determinado tope fijado en el anexo, los pagos se liquidarán en cuotas mensuales.

​Por su parte, las distintas jurisdicciones y ministerios conservarán la facultad de evaluar y eventualmente denegar las solicitudes de adhesión en caso de considerar que la partida del empleado afecta el funcionamiento operativo o la continuidad de áreas críticas del servicio público.