JUSTICIA PROVINCIAL | Imputaron a Iñaki Arreseygor por diversos delitos

El fiscal de Ushuaia, Nicolás Arias, imputó formalmente al director ejecutivo de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Miguel Arreseygor, por los presuntos delitos de “abuso de autoridad”, “violación de los deberes de funcionario público” e “impedimento o estorbo a un funcionario público en el cumplimiento de un acto propio de sus funciones”.

La decisión judicial se originó a partir de una denuncia penal presentada por la Fiscalía de Estado de la provincia, la cual investiga a la ANPYN por obstruir en reiteradas ocasiones el ingreso de inspectores ambientales al puerto de Ushuaia, que se encuentra intervenido por el organismo nacional desde enero de este año.

De acuerdo con el dictamen fiscal, la medida restrictiva afectó al personal de la Secretaría de Ambiente, impidiéndole llevar a cabo la "Auditoría Ambiental Anual" sobre residuos peligrosos. Con esta acción, se obstaculizó la fiscalización provincial sobre la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de dichos residuos, así como el ejercicio del poder de policía en materia ambiental otorgado por ley a la dependencia local.

El fiscal detalló que el primer episodio ocurrió el 25 de agosto cuando el agente de Seguridad Portuaria Julio Fernández negó el acceso a las funcionarias Ana Carolina Antonelli, Elizabeth Ruiz y Magalí Roth. Posteriormente, el 26 de agosto se le requirió formalmente a Arreseygor que permitiera el ingreso, pero el funcionario respondió el 31 de agosto desconociendo las facultades de control provinciales. Ante la negativa persistente, el 1 de septiembre el acceso volvió a ser vedado y, el 17 de septiembre, el coordinador general de Despacho, Elvio Julio Romero, denegó nuevamente la entrada a las inspectoras Elizabeth Ruiz, Luciana Martínez y Constanza Guerra. Por ello, Arias solicitó investigar también a otros funcionarios y agentes que hayan participado en la disposición o ejecución de estos bloqueos.

El caso abrió además un nuevo debate sobre la jurisdicción competente. Por un lado, el fiscal Arias sostuvo que el asunto pertenece al ámbito de la justicia provincial, dado que la ANPYN actuó como administradora de un establecimiento local intervenido y no como autoridad portuaria federal, conservando así naturaleza local según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, la jueza de instrucción 2, María Cristina Barrionuevo, declaró la incompetencia de la justicia provincial al considerar que la causa exige juzgar la validez y el alcance de directivas emitidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional bajo normativas federales, remitiendo las actuaciones al Juzgado Federal de Ushuaia a cargo del juez Federico Calvete, quien previo a resolver corrió vista a la Fiscalía Federal.