COPARTICIPACIÓN | Martín Pérez reclama una deuda de $17.800 millones al Gobierno provincial y denuncia ahogo financiero

Tierra del Fuego22/10/2026Redacción P24Redacción P24
Río Grande enfrenta una crisis financiera y reclama una deuda de $17.800 millones al Gobierno provincial

En medio de un escenario económico complejo marcado por la pérdida de empleo y la caída de ingresos, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, calificó de "crítica, absolutamente crítica" la situación financiera del municipio y denunció un "intento de ahogo financiero" por parte del Gobierno provincial, encabezado por Gustavo Melella.

Durante una rueda de prensa, el jefe comunal precisó que la deuda por coparticipación asciende a $17.800 millones y advirtió que los plazos de demora se han incrementado de forma sostenida. Según detalló, las transferencias habituales pasaron de demorarse entre 23 y 24 días a casi 45 días, mientras que algunos conceptos definitivos registran retrasos de hasta 90 días. Para Pérez, los recursos reclamados ya ingresaron a las arcas provinciales y deben distribuirse conforme a la legislación vigente, por lo que cuestionó si detrás de esta situación existe una decisión política deliberada.

El intendente remarcó que esta falta de regularización no solo representa una disputa administrativa, sino que impacta directamente en la capacidad de respuesta del municipio para sostener servicios esenciales como salud, atención deportiva, cultura, políticas de cuidado y obras públicas. En este sentido, dimensionó el impacto del monto adeudado al señalar que equivale prácticamente a la totalidad del presupuesto municipal de salud para 2027, representa cerca del 95% del plan de obras y triplica los recursos destinados al deporte.

Ante este panorama, el municipio ya intimó formalmente al Ministerio de Economía provincial y elevó respuestas a un pedido de informes del Concejo Deliberante, adelantando que su equipo técnico acudirá al cuerpo legislativo para detallar el alcance de la deuda. Si bien Pérez aseguró que está dispuesto a sentarse en una mesa de diálogo con el gobernador Gustavo Melella, exigió que este espacio sirva para resolver el problema y normalizar el envío de fondos a un esquema aproximado de 25 días.

El reclamo financiero se acopla a un delicado contexto social y laboral en la ciudad, donde ya se reportó la pérdida de más de 10.000 puestos de trabajo en los sectores privado e industrial, afectando también al comercio y generando que numerosas familias deban solicitar asistencia al municipio para regresar a sus provincias de origen.
Frente a esta crisis, el Ejecutivo local insiste en exigir respuestas institucionales concretas que eviten que la acumulación de deuda siga condicionando el funcionamiento de la administración local.
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