MALVINAS | La Justicia Federal ordena suspender la pesca

Tierra del Fuego10/11/2026

En una resolución judicial de fuerte impacto político y económico para la pesca en el Atlántico Sur, la Justicia Federal dictó una medida cautelar que ordena a un conjunto de empresas pesqueras extranjeras abstenerse de realizar operaciones en las aguas circundantes a las islas Malvinas sin la correspondiente autorización del Gobierno argentino. La medida, dispuesta por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, alcanza tanto al mar territorial como a la Zona Económica Exclusiva continental y la franja de 200 millas alrededor del archipiélago.

La cautelar recae directamente sobre doce armadoras y grupos de origen español, así como sobre siete estructuras empresariales mixtas constituidas entre capitales ibéricos y operadores de las islas. La decisión prohíbe de manera estricta cualquier actividad de captura, procesamiento a bordo, transbordo o descarga de recursos pesqueros, además de vedar el inicio de nuevas mareas o la incorporación de buques a las flotas que operan en la zona. Asimismo, el juzgado emplazó a las compañías notificadas a presentar en un plazo de diez días una declaración jurada detallada que incluya licencias, embarcaciones, cuotas de captura y esquemas societarios, disponiendo la obligación de preservar todos los registros técnicos y comerciales de sus faenas.

La causa tuvo su origen en una demanda presentada por la Fundación Agustina Lerena, encabezada por César Augusto Lerena y patrocinada por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. La acción judicial busca la recomposición del medio ambiente marino y una indemnización millonaria por los daños ocasionados por la extracción no autorizada de más de cuatro millones de toneladas de recursos pesqueros entre 1989 y 2025. Según los cálculos presentados por la entidad demandante —basados en estadísticas de la administración británica de las islas—, el monto reclamado oscila entre los 12.351 millones de dólares a valores FOB y más de 26.000 millones a precios mayoristas, sumado al reclamo por derechos de captura y tributos no percibidos por el Estado nacional.

En el plano ambiental, los impulsores del reclamo sostienen que la explotación extractiva desregulada en la zona de Malvinas afecta directamente a las poblaciones transzonales de especies clave como los calamares illex y loligo, así como la merluza común y de cola, afectando la sustentabilidad del ecosistema en el Atlántico Sudoccidental. Por su parte, la resolución judicial adoptó un criterio diferenciado respecto de las empresas pesqueras de capital nacional mencionadas en la presentación: la magistrada resolvió no aplicarles restricciones ni disponer la caducidad de sus permisos por el momento, solicitando de forma previa informes a las autoridades administrativas para evaluar si existen vínculos prohibidos por la Ley Federal de Pesca antes de determinar responsabilidades definitivas.