JUICIO POLÍTICO | La sombra de 2005: formalizan denuncia contra el gobernador

Tierra del Fuego12/11/2026

El conflicto político y económico por la distribución de los fondos de coparticipación en Tierra del Fuego dio un salto institucional de escala tras la presentación formal de un pedido de juicio político contra el gobernador Gustavo Melella. La denuncia fue radicada formalmente ante la Legislatura provincial por el periodista Carlos Roberto Muzón, quien acusó al mandatario provincial de incurrir en presunto mal desempeño de sus funciones y violación de los preceptos constitucionales que imponen la remisión en tiempo y forma de las partidas presupuestarias destinadas al Municipio de Río Grande.

La presentación administrativa fundamenta la solicitud en los artículos 114 (inciso 3), 115 y 135 (inciso 10) de la Carta Magna fueguina, haciendo foco en los retrasos en la transferencia de recursos. El eje central de la acusación toma como base el reclamo financiero interpuesto por la administración municipal riograndense el pasado 30 de octubre de 2026, donde se notificó una acreencia acumulada de $17.294 millones en conceptos de coparticipación, regalías tributarias y el Bono de Compensación, con demoras en los envíos que superaron holgadamente los 45 días de atraso.

A este escenario de asfixia presupuestaria se suma la falta de certezas tras el encuentro mantenido a principios de mes entre el ministro de Economía provincial, Alejandro Barrozo, y representantes financieros municipales de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. Durante dicho cónclave, la Secretaría de Finanzas riograndense, Valeria Caparotto, advirtió que la gestión provincial no presentó un cronograma de cancelación ni precisó plazos para regularizar las deudas, omisión que Muzón señala en su presentación como un agravante en el incumplimiento de los deberes del Ejecutivo.

Para sostener la viabilidad del proceso destitutorio, el escrito incorpora un antecedente institucional de peso: la destitución del exgobernador Jorge Colazo aprobada por la Legislatura en diciembre de 2005. En aquel entonces, la Sala Juzgadora declaró la responsabilidad política del mandatario justamente por demorar el envío de recursos coparticipables a la Municipalidad de Río Grande. Asimismo, la acusación apela a la doctrina de los actos propios al recordar que el propio Gustavo Melella, durante su etapa como intendente de Río Grande en 2013 y 2019, había intimado por vía legal y cartas documento a los gobiernos provinciales de turno reclamando la regularización de las partidas e impulsado la transferencia automática mediante el «goteo diario», mecanismo que paradójicamente vetó tras asumir la Gobernación.

Junto al pedido formal de apertura de la Comisión Investigadora y la eventual destitución e inhabilitación del mandatario, el denunciante requirió intervenciones del Tribunal de Cuentas provincial y municipal para certificar los montos adeudados.

Por el momento, el ingreso del expediente abre la etapa de evaluación política y técnica en el recinto legislativo, en un marco de creciente tensión presupuestaria que ya enciende alarmas sobre el pago de salarios y aguinaldos en el ámbito municipal.