


LEGISLATURA | Aprobaron la Ley de Financiamiento Educativo con el voto de desempate de Victoria Vuoto
Tierra del Fuego17/11/2026
Redacción P24

En una breve sesión marcada por una paridad absoluta de siete votos afirmativos contra siete negativos, la Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur aprobó este martes el Régimen de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Provincial. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo de Gustavo Melella y respaldada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), destrabó su sanción gracias a la intervención de la legisladora María Victoria Vuoto, quien en ejercicio de la presidencia de la Cámara hizo uso de su facultad constitucional de desempate para inclinar la balanza a favor del proyecto.
El tratamiento del expediente —que retomó el cuarto intermedio de la sexta sesión ordinaria iniciado el 3 de noviembre— se desarrolló de forma ágil tras la decisión de la mayoría de omitir la lectura del dictamen conjunto de Educación y Presupuesto para pasar directamente a la votación nominal. Acompañaron la norma los legisladores María Laura Colazo, Gisela Dos Santos, Tomás García, Federico Greve, Myriam Martínez, Juan Carlos Pino y la propia Vuoto. En contraste, votaron por la negativa Natalia Gracianía, Matías Lapadula, Jorge Lechman, Damián Löffler, Luciano Selzer, Federico Sciurano y Pablo Villegas. La jornada contó con 14 parlamentarios presentes, registrándose la ausencia justificada de Raúl Von der Thusen por razones de salud y acompañamiento familiar.
La nueva ley establece un sendero de convergencia obligatorio para las futuras formulaciones presupuestarias, fijando la meta de alcanzar una inversión educativa consolidada equivalente al 7,80% del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial en un plazo de cinco ejercicios fiscales, partiendo de un piso del 4,50% en el primer año y escalando progresivamente al 4,95%, 5,70% y 6,60% en los períodos siguientes. Para sostener este esquema, se crea el Fondo de Financiamiento Educativo (FFE), una cuenta específica y complementaria que se nutrirá de una alícuota adicional del 3% en Ingresos Brutos al Banco de Tierra del Fuego —con prohibición expresa de trasladar el costo a los clientes—, parte de una nueva alícuota del 3,4% en Ingresos Brutos destinada a infraestructura, recursos de Servicios Sociales, incrementos del Impuesto Inmobiliario Rural, utilidades de empresas estatales, aportes de Terra Ignis Energía S.A. y futuros ingresos vinculados al Hidrógeno Verde y la Economía del Conocimiento.
Respecto al destino de los fondos, la norma fija una pauta orientativa que asigna un 40% al fortalecimiento del salario docente, otro 40% a infraestructura, mantenimiento y accesibilidad escolar, y el 20% restante a equipamiento tecnológico y recursos pedagógicos. Asimismo, incorpora mecanismos de control a través de la creación del Observatorio de Financiamiento Educativo, exige la publicación de informes trimestrales abiertos, dispone un plan de mejora a cinco años y prohíbe recortar cargos u horas docentes utilizando de manera automática la relación entre matrícula y cargos.
Tras la sanción, las posturas reflejaron las tensiones políticas en torno al alcance real de la medida. Desde el Partido Verde, María Laura Colazo justificó su acompañamiento en la necesidad de dotar de previsibilidad y herramientas de seguimiento al sistema, aunque advirtió que la ley no es una panacea y anticipó un proyecto complementario para financiar conectividad mediante el Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP). Por el contrario, Natalia Gracianía (La Libertad Avanza) calificó la norma como una "cáscara vacía" al estimar que la recaudación proyectada apenas implicaría una mejora marginal por docente, cuestionando además la inclusión de ingresos futuros inciertos y reclamando por deudas con el sector de gestión privada. En respuesta, el oficialista Federico Greve (FORJA) defendió el carácter estructural y progresivo de la iniciativa a mediano plazo, responsabilizando al Gobierno nacional por haber dado de baja diecisiete programas educativos en la provincia.
Con el texto ya girado al Poder Ejecutivo para su promulgación, el cuerpo parlamentario acordó volver a reunirse en sesión ordinaria el próximo jueves 10 de diciembre, fecha hasta la cual se extendió el plazo para la emisión de dictámenes de cara al inminente debate por el Presupuesto Provincial 2027.


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