USHUAIA | Luz verde al Régimen de Iniciativa Privada en Ushuaia

Tierra del Fuego18/11/2026Redacción P24Redacción P24
La Municipalidad de Ushuaia formalizó finalmente la reglamentación del Régimen Municipal de Iniciativa Privada (ReMIP), una herramienta estratégica diseñada para canalizar propuestas de inversión del sector privado y fomentar proyectos clave para el desarrollo de la capital fueguina. La medida quedó plasmada en el Decreto Municipal 1940/2026, publicado en el Boletín Oficial, el cual reemplaza y deja sin efecto una reglamentación previa de 2024 vinculada a la Ordenanza Municipal 6378. Con esta nueva normativa, el Ejecutivo busca dotar de transparencia y previsibilidad al circuito administrativo, creando una Base Pública de Iniciativas Privadas bajo la órbita de la Secretaría de Economía y Finanzas, cuyo registro estará disponible para consulta ciudadana en la sección de Transparencia del portal web oficial del Municipio.

En cuanto a los requisitos y condiciones exigidas por el ReMIP para participar, la normativa habilita tanto a personas físicas como jurídicas a presentar proyectos de inversión. Asimismo, contempla la intervención de consultoras especializadas que actúen como intermediarias de terceros, a quienes se les exige acreditar formalmente dicha representación y mantenerse vinculadas a la iniciativa, como mínimo, hasta que finalice el proceso de adjudicación. Un punto destacado de la reglamentación es el tratamiento diferencial otorgado a aquellas empresas que acrediten al menos diez años de antigüedad en la provincia y cumplan con el resto de los parámetros de la ordenanza: una vez que sus proyectos sean declarados de interés público y difundidos, se abrirá una ventana específica de tres días para la presentación de impugnaciones, las cuales deberán ser resueltas en un plazo idéntico.

El circuito de evaluación establece que cada propuesta será analizada de manera integral —en sus aspectos técnicos, legales y económicos— por una Comisión Evaluadora conformada por las secretarías de Economía y Finanzas y de Gobierno, con la participación obligatoria de al menos un representante de las cámaras empresariales del sector correspondiente. Si una iniciativa no cumple con las condiciones mínimas de admisibilidad, el promotor dispondrá de tres días corridos para subsanar las observaciones antes de una eventual desestimación. Para obtener la declaración de interés público mediante decreto y avanzar hacia los pliegos de contratación, los proyectos deberán demostrar viabilidad financiera, impacto en la generación de empleo y aporte a la diversificación de la matriz productiva local. No obstante, la nueva reglamentación dejó sin desarrollar aspectos contemplados en la ordenanza original, tales como la regulación de los derechos por autoría del proyecto y la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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