La reciente decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar las listas colectoras de su proyecto de reforma política en el Senado expone una realidad ineludible: en el Congreso, las ambiciones del Ejecutivo chocan de frente con la aritmética parlamentaria, así,el oficialismo se vio forzado a dar marcha atrás ante la imposibilidad de reunir los apoyos necesarios de sus aliados para dictaminar la iniciativa en la Comisión de Asuntos Constitucionales, priorizando así su objetivo de máxima: suspender las PASO en 2027.
El anuncio, realizado por la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, funciona como un blanqueo de la fragilidad numérica de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Alta. Con apenas 8 firmas aseguradas de las 10 requeridas en comisión —sumando a los seis senadores propios y a los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez—, el oficialismo quedó a merced de un grupo de cinco legisladores en duda (Camau Espínola, Flavio Fama, Beatriz Ávila, Carolina Moisés y Alejandra Vigo). Las tensiones provinciales terminaron de complicar el panorama, desde el rechazo ordenado por el tucumano Osvaldo Jaldo hasta los reparos del salteño Gustavo Sáenz frente a todo lo que excediera la mera suspensión de las primarias. Sin dictamen posible, los 37 votos necesarios para el recinto se volvían una quimera.
Más allá de los números, el episodio deja en evidencia una disputa narrativa en torno a la paternidad de la iniciativa y los verdaderos incentivos detrás de ella. Desde la Casa Rosada sostuvieron que las colectoras respondían a un pedido de los gobernadores radicales y dialoguistas interesados en "colgarse de la candidatura de Milei en 2027". Sin embargo, el rechazo de esos mismos sectores alimenta la lectura inversa: que la medida fue, en realidad, un diseño del Ejecutivo para fortalecer la boleta de LLA trasladando el costo político a sus socios circunstanciales.
Frente a este retroceso, la estrategia comunicacional de la Jefatura de Gabinete que conduce Diego Santilli apostó por el control de daños, presentando la poda del proyecto como una "decisión propia" bajo el argumento de que los votos para suspender las PASO ya están garantizados. No obstante, esa seguridad discursiva contrasta con los tiempos legislativos: el hecho de que la comisión recién fuera convocada a último momento sugiere que el Gobierno estuvo lejos de tener el camino allanado y que ceder las colectoras fue, antes que una elección, la única vía de escape para evitar una derrota política.