Los años del modelo Estado-céntrico en Argentina dejaron algunas exitosas experiencias de inclusión, aunque también, consecuencias no deseadas. La mala interpretación de lo que significa administrar lo público atentó contra el propio modelo y puso en tela de juicio al Estado mismo. Sobrepoblación de personal producto del clientelismo político, corrupción estructural y bajo nivel de eficiencia en casi todo lo que el sector público se propone. Lejos de ser la excepción, la provincia de Neuquén es un ejemplo de aquellas desviaciones.
Entre agentes provinciales, municipios que no llegan a fin de mes y sociedades de fomento, los neuquinos pagan más de cien mil sueldos por mes. El variopinto menú incluye personas que viven fuera de la provincia dedicados a su propio bienestar, “adscriptos de palabra” a empresas privadas y agentes de planta permanente que no recuerdan en qué área de la administración pública figuran. Un verdadero “mamarracho”. Hasta periodistas que cada día “salen al aire”, pasan a fin de mes por el cajero de la provincia para cobrar sus haberes en calidad de empleados públicos. El contraste con el esfuerzo del sector privado es evidente y alarmante. La carga impositiva entre impuestos provinciales, nacionales y tasas municipales supera el cincuenta por ciento de los ingresos de cada trabajador. “Eso es otra cosa, es el sector privado” asegura el secretario general de ATE Rodolfo Aguiar, dando a entender que se trata de dos mundos inconexos.
En su libro “De Neuquén a Rusia”, Rubén Fernández Seppi, publicó datos del empleo público en la provincia que ameritan la atención. “En los últimos 20 años, mientras que la población creció un 53 %, el gobierno aumento casi el DOBLE el personal del estado”. Una estadística que resume en números el criterio con el cual se administró el sector público en Neuquén.
En rigor, se trata del resultado de años de acumulación mediante el clientelismo político implícito. Las estructuras de poder utilizando el empleo público como mecanismo para contener adeptos alcanzó el rango de costumbre adquirida torpemente disimulada por las partes. Contratos, ingresos a planta permanente y nombramientos en empresas públicas, han sido moneda de negociación corriente entre gobiernos, sindicatos y hasta partidos políticos opositores. El resultado es evidente. Un enjambre de agentes sin funciones, perfiles técnicos desencajados con sus supuestas responsabilidades y un nivel de masa salarial insostenible.
Pero el clientelismo político no termina en “la militancia”. Existe una dimensión menos comentada. El clientelismo de clase alta que abriga el buen pasar del empresariado prebendario. También sostenida por el recurso de todos, la rentabilidad de grandes empresas recibe su contraparte de las buenas relaciones con la dirigencia del Estado. La vedette del mecanismo es la obra pública. Un puñado de pocas “empresas amigas” obtiene más del noventa por ciento de las licitaciones públicas provinciales y municipales. Junto a operadoras y prestadoras de servicio del mundo Vaca Muerta, son grandes “aportantes voluntarios” a las campañas electorales de los oficialismos. “No se sabe si están donando o devolviendo” bromeó un académico disertando sobre el fenómeno. Otra vez, como con la masa salarial, el Estado se vuelve caro e ineficiente.
Según las fuentes consultadas del círculo neuquinizante, dos temas obsesionan al gobernador Rolando Figueroa: los agentes públicos sin funciones definidas y la falta de transparencia. “No quiero ver más gente sin tareas” instruye, con tono elevado, el mandatario a sus ministros en cada reunión de gabinete. “O bajan los precios o van a tener que competir con otra gente” hace saber el mandatario a los tradicionales licitantes de la obra pública provincial. Se trata de dos definiciones importantes que a veces pasan desapercibidas.
El nuevo mandatario neuquino cuenta con algunas ventajas comparativas. Es un gobernador sin pasivos políticos con la estructura pública preexistente y no se encuentra atado a compromisos económicos con los voraces “financistas” del poder. Es una excelente oportunidad para hacer cosas distintas. Diferentes a la justificación de los excesos públicos que profesa el progresismo-conservador de la dirigencia sindical, y disruptiva en relación a la turbia amistad del Estado con el (pseudo) empresariado.
Salvar el Estado desde su buena administración es un camino largo, difícil de demostrar en el corto plazo y el más incómodo de los rumbos. El dilema: ser un gobierno de transformación o de transición. Es la pregunta que sugieren las circunstancias. El gobierno neuquinizante parece decidido a lo primero, sus posibilidades de éxito dependen, en buena medida, de comulgar con una sociedad que pretenda lo mismo, del costo político que implique desarmar las viejas estructuras y, sobre todo, de las nuevas bases de sustentación política que alcance la gestión de gobierno.
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