Para el gobierno de Javier Milei, el aborto es legal solo en palabra porque no distribuyeron los insumos necesarios para garantizar el derecho. En un nuevo Día de la Acción Global por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, los datos evidencian la nula respuesta estatal a la ley, mientras aumentan más de un 80 % las denuncias que reclaman obstáculos para poder abortar. A pesar de la restricción a nivel nacional, el Gobierno provincial garantiza el derecho con el financiamiento necesario.
El número sobre el nulo envío de medicamentos se desprende de un pedido de información pública solicitado por Amnistía Internacional que, en conjunto con ELA y otras organizaciones de la sociedad civil, buscaban “monitorear el implemento de políticas públicas y velar porque las mujeres, niñas y personas gestantes puedan acceder a derechos sexuales”, tal como expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de la organización en Argentina, a El Destape. Esa es la última información oficial al respecto, con fecha del 28 de mayo, pese a que solicitaron un nuevo pedido en septiembre que vence ahora.
En 2023 se distribuyeron más de 62.000 Combipack (el blíster combinado de mifepristona y misoprostol que entregaba el Ministerio de Salud), más de 15 mil cánulas AMEU y más de 88 mil cajas de misoprostol, según la propia información que admitió el gobierno libertario en la respuesta al pedido de información pública. Hoy esas columnas fueron directamente eliminadas de la lista de insumos y salud reproductiva distribuidas desde enero a marzo.
Para justificar la decisión, desde el Gobierno argumentan que se trató de un problema de licitación. “No se distribuyeron insumos para acceder a IVE-ILE, tanto medicamentos como equipamiento para aspiración manual endouterina, por falta de stock. La distribución para los meses restantes dependerá del avance de la licitación pública que se encuentra en curso”, explican. Ese proceso terminaba en agosto para lograr distribuir insumos en octubre y noviembre, pero, como pudo constatar Amnistía a través de un acceso a información pública a provincias, la situación no avanzó y siguen sin recibir los medicamentos.
El presupuesto estaba. Aunque no estaba desagregado en las partidas asignadas para 2024, en el informe del Gobierno se detalla que $4.511.199.966 estaban destinados a Métodos Anticonceptivos de Corta y larga Duración y para Medicamentos IVE/ILE.
Hoy, los centros médicos subsisten con los insumos restantes de la gestión anterior y con las compras particulares que las provincias lleguen a hacer, pero el panorama es desolador: “Hasta hace unos meses a cualquier situación de interrupción voluntaria del embarazo se le daba el tratamiento combinado -misoprostol y mifepristona-, que es el avalado por las organizaciones internacionales y nacionales. Cuando no se cuenta con eso, terminamos brindando solo misoprostol, situación que ya sucede desde julio en algunas provincias del norte, como Jujuy, Tucumán, La Rioja”, explica Julieta Bazán, perteneciente a la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
Para Belski, de Amnistía, “la falta de entrega de insumos a las provincias incrementa las desigualdades entre las distintas jurisdicciones del país. El acceso a los derechos no puede quedar sujeto al lugar en el que te ha tocado nacer. El Estado nacional debe garantizarlo en todo el territorio”.
A raíz de este informe, fuentes de Casa de Gobierno consultadas revelaron que el Estado provincial se está haciendo cargo de garantizar el acceso a este derecho con fondos propios. “Hace seis meses, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva está garantizado porque los insumos lo compró la Provincia. Nación no manda absolutamente nada”, indicaron.
El Gobierno provincial compró los insumos porque sabía que esto iba a ocurrir y se está planificando la licitación para el año que viene. Es decir, los derechos que Nación le saca a las pacientes, la Provincia los garantiza”, remarcaron las fuentes consultadas.
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