La vicepresidenta del INTA, María Beatriz "Pilu" Giraudo, buscará reunirse para interceder entre el gobierno provincial y los productores. Dicen que más de 200.000 hectáreas podrían quedar sin producir.
El gobierno nacional está en contra de la decisión de las autoridades de La Pampa de pretender reglamentar una ley de gestión integral de plaguicidas, aprobada en 2020, que dejaría -según los productores- más de 200.000 hectáreas sin producir debido a una serie de condicionantes para la aplicación de agroquímicos, con distancias exigidas y el cumplimiento de varios requisitos.
El dato lo publicó el diario La Nación. El mismo periódico porteño dio a conocer que con el fin de buscar una solución al tema se involucró la vicepresidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), María Beatriz "Pilu" Giraudo, que formará parte de una reunión para intentar mediar entre el gobierno provincial y los productores.
La ministra de la Producción, Fernanda González, dijo que en el Gobierno están dispuestos a modificar el borrador elaborado de la Ley de Plaguicidas y a continuar el diálogo para mejorar la propuesta. "Seguimos abiertos a ver qué podemos incorporar", señaló.
En el medio, la oposición presentó documentos en la Legislatura sobre el incumplimiento del Poder Ejecutivo de no haber reglamentado la ley en los 120 días siguientes en 2020, que eran los plazos estipulados.
En el Gobierno Nacional tienen en claro que no pueden involucrarse en una ley provincial. Sin embargo, desde la Secretaría de Agricultura remarcaron que no están de acuerdo con el avance de la reglamentación de la ley, ya que deja afuera miles de hectáreas productivas. Y en ese marco se inscribe la irrupción de Giraudo.
Según publicó La Nación, el INTA está trabajando en el proyecto desde el minuto cero. El equipo de análisis del INTA lo lidera Jorgelina Montoya y se están haciendo sugerencias con todo el grupo de las entidades agropecuarias.
Giraudo tiene previsto viajar este miércoles a La Pampa, donde va a firmar un convenido el jueves, y va a tratar de conversar y exponer la preocupación que tienen sobre esta situación con la ministra González.
Por eso, en el Gobierno esperan que, a través de la vicepresidenta del INTA, se pueda establecer un diálogo fluido. La idea es que esta ley no restrinja la producción. A nivel nacional hay regulaciones encabezadas por el Senasa, donde cada producto aprobado lleva su etiqueta con las indicaciones sobre su uso y aplicación: máquinas permitidas, herramientas, tecnología y el uso adecuado. Por eso, creen que la ley debe facilitar todos estos aspectos. En su forma actual, tal como se plantea reglamentarla, es inaplicable.
Según un informe de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Carbap, Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios (Cepia), Federación Agraria Argentina (FAA), Asociación Profesionales Agropecuarios La Pampa (Apalp), Aapresid, Coninagro, Sociedad Rural Argentina y Cámara de Propietarios de Máquinas Agrícolas de La Pampa (Caproma), si se avanza con la reglamentación se dejará de facturar $276.301.535.500.
Las estimaciones apuntan a que habría 209.000 hectáreas que quedarían fuera de producción, si se toman en cuenta los 3000 metros [para aplicaciones aéreas] donde se tendrían que pedir autorización y del ejido urbano. Para aplicaciones terrestres la restricción es de 500 metros.
La Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave), una mesa de instituciones públicas y privadas creada en 2017, había elaborado un trabajo para entregar un proyecto de ley al gobierno de Sergio Ziliotto, pero no fueron considerados. Dicen que ley desconoce los avances tecnológicos disponibles que permiten trabajar con Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs).
El Consejo Consultor ya se reunió con la ministra González. Fue el primer contacto que hicieron entre las autoridades provinciales y el sector agrícola. Allí, los productores manifestaron que no están de acuerdo con la ley ni su reglamentación.
Carlos Portu, un productor agropecuario e ingeniero agrónomo de General Pico, señaló al diario La Nación que ven como positivo la apertura al diálogo con la oficina de Producción. "Están apelando al diálogo al que nunca estuvieron dispuestos y sugieren posibles cambios en la reglamentación de la Ley. Han apelado a grupos pseudo ambientalistas como La Pampa libre de Agrotóxicos, que son sellos de goma seguramente bancados por el gobierno. Pareciera que no han tenido gran impacto, se limitan a las mismas frases hechas de siempre", precisó.
Portu afirmó que la oposición en la Legislatura presentó documentos referidos al incumplimiento del Ejecutivo en no reglamentar la ley en los plazos estipulados y pretenden que vuelva a la Legislatura.
Actualmente la Legislatura es 50% oficialista y otro 50% opositora, por tanto, cualquier intento de avanzar sobre la ley podría ser desempatada por la vicegobernadora, Alicia Mayoral.
"Los intercambios informales están. La respuesta que se ha dado desde la mesa y las entidades es que queremos reunirnos con el gobernador. Hace más de 20 días tenemos pedido una audiencia. La decisión política de llevar adelante la ley es del Poder Ejecutivo", puntualizó Andrés González, productor agropecuario y dirigente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
"Se está hablando de que esta ley es impracticable y criminaliza la producción, porque queremos traducir esta frase de criminalizar la producción. Como es una ley tan burocrática al extremo, y de tantas trabas, es muy fácil no cumplirlas o se vuelve imposible. Al ser imposible, mañana estaremos todos fuera de la ley", advirtió.
"No hay forma de acomodarla. Tenemos que ir por una nueva ley, se tiene que derogar y trabajar en una nueva ley, quedó desactualizada. Nosotros intentamos hacer aportes que incorporen toda la tecnología disponible y se hizo caso omiso a eso. Todos los aportes que quisimos hacer hace cuatro años no fueron escuchados. Hoy, la reglamentación lo único que hace es agravarla. Hay distintas varas para medir un mismo producto", observó.
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